Dice el presidente López Obrador que si una empresa quiebra, es su problema y que el gobierno no tiene por qué rescatarla. Aunque se refiere a los potentados, su negativa aplica a muchas otras empresas medianas y pequeñas. Cierto que hay ayuda a las microempresas, pero a todas luces será insuficiente para enfrentar la crisis. En condiciones normales es válido que el gobierno no rescate empresas que quiebran. Éstas puede cerrar por varias razones; malos cálculos, malas inversiones, gastos excesivos, malos servicios o productos, falta de actualización, o incluso mala fortuna. El mercado es darwiniano. En tal caso, pues la empresa quiebra y ya, pero eso no se traduce en una catástrofe económica para el resto del país.
Pero estamos en medio de una pandemia sanitaria que obliga a la gente a recluirse, lo cual provoca que muchas empresas de diverso tipo y tamaño, que en condiciones normales son rentables, se vean afectadas al grado en que deberán despedir personal, o de plano cerrar. ¿Eso será resultado de su mala gestión, de malas decisiones o de un producto o servicio de baja calidad? No. Simplemente su clientela dejó de consumir por las condiciones de emergencia. Y tampoco pueden seguir produciendo debido a la cuarentena. Si además dicha situación se extiende a muchas empresas al mismo tiempo, como ocurre ahora, entonces el daño será no sólo para los dueños y empleados de tales empresas, sino para la nación en general por el enorme desempleo que eso provocará, el descenso en la actividad económica, ruptura de cadenas de producción, eventualmente desabasto de productos y menos recaudación fiscal. Elemental.
Aún en el modelo neoliberal se asume que donde el mercado no funciona, debe intervenir el Estado. Y en las crisis el mercado deja de funcionar. Lo malo es cuando el Estado no quiere intervenir, pues decide que ese no es su problema. El presidente parece preguntar ¿Por qué el gobierno tendría que hacerse cargo del sector privado (“y yo por qué”)? La respuesta está en el artículo 25 constitucional: “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable… La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo… El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general”.
Cabe recordar que el dinero que el gobierno no quiere invertir en esto no es suyo; surgió mayoritariamente de los empresarios y empleados que ahora peligran; merecen en estas circunstancias ser ayudados por el gobierno con SUS impuestos. La esencia misma del Estado —y la responsabilidad del gobierno en turno— lo obligan a intervenir para evitar en lo posible el daño provocado por una crisis económica general, no particular. Si en tal situación un gobierno se lava las manos y se deslinda de cualquier daño que pueda sufrir el sector privado (incluidos sus millones de empleados), es que no ha asumido su responsabilidad social. ¿Es tan difícil de entender? Por lo visto para algunos sí. Lo malo es que esos algunos están hoy en el poder. AMLO insiste en comparar la estrategia contracíclica con el Fobaproa; pero esto no es un desfalco deliberado por parte de bancos o grandes empresas. Ante dicha ceguera y obstinación, probablemente decreceremos quién sabe hasta dónde y por cuánto tiempo en el PIB, inversión, empleo y recaudación fiscal. Menos mal que en contraparte avanzaremos en jaculatorias, felicidad y otros bienes espirituales, que son los indicadores relevantes de la nueva economía moral.
Profesor afiliado del CIDE. @JACrespo1
