Como parte central de sus promesas de campaña, López Obrador incluyó la erradicación (no sólo el combate) de la corrupción y la impunidad. Y establecer un genuino Estado de derecho, lo contrario a lo que Gabriel Zaid había llamado “Estado de Chueco”, expresión que retomó AMLO.
Las cosas parecen haber ido a la inversa, o al menos se han quedado estancadas. Por un lado, viene lo que podemos suponer es que hubo un Pacto de Impunidad con Peña Nieto (que AMLO ofreció desde 2016). Por otra parte, Epigmenio Ibarra insiste diario en que debe llamarse a cuentas a expresidentes por sus corruptelas e infracciones, y hasta una consulta oficial se hizo para ello. Pese a no haber participado en esa consulta (pues era dinero tirado a la basura), la gran mayoría de mexicanos queremos castigo para los corruptos como precedente para que vaya disminuyendo la corrupción en serio. Pero la persona con más influencia para que eso ocurra no lo desea, y así lo ha dicho. A su triunfo, dijo a Carmen Aristegui —a la que aún respetaba— que no llamaría a cuentas a ningún expresidente porque se pondría en riesgo la estabilidad (el mismo pretexto de Fox). Pero le prometió que haría una consulta al respecto. Se hizo, pero no sirvió de nada.
Por otro lado, viene la tentación de la venganza personal, como con Rosario Robles. No que Robles no tenga alguna responsabilidad en la Estafa Maestra (se le acusa de omisión), sino que la encarcelaron sin juicio, lo que no procedía en su caso. Cometió el grave error de “confiar en la justicia mexicana”, siendo que México es manejado por un presidente de corte bolivariano (que desprecia la ley olímpicamente). De ahí que Ricardo Anaya prefiera mejor no confiar en una “justicia bolivariana”. Y eso nos lleva al caso de Emilio Lozoya. Logró engañar por meses al gobierno de que tenía elementos para involucrar por Odebrecht a cerca de 80 peces gordos y medianos. No tenía nada, por lo que se le retiró el status de “testigo protegido” y está en la cárcel.
Pero uno de los involucrados en tales falsedades era Ricardo Anaya, ¿por qué se le continúa persiguiendo? Él ya ha expuesto que en su expediente, entregado por la FGR, nada coincide; ni personajes, ni fechas, ni lugares. Parece más bien otro caso con intenciones políticas (Anaya trató muy mal a AMLO durante los debates nacionales en 2018).
Viene después lo que debería prevalecer en un Estado de Derecho; la sanción a colaboradores, aliados y hasta parientes. Hay muchos casos: Bartlett, Pío, Delfina Gómez (a la que ya se le demostró culpabilidad de un delito electoral, de carácter ese sí grave), y sin embargo mantiene hasta su cargo. ¿Ese era el “Estado de derecho” que ofreció AMLO? Vaya avance.
Ahora está en los reflectores el caso de José Ramón López Beltrán. No tengo pruebas de influyentísimo, u otras infracciones. Van saliendo poco a poco. Pero desde luego, la sobrerreacción de AMLO sugiere que ahí hay algo muy sucio. En caso de que no hubiera nada, pudo simplemente decir que investigaran todo lo que quisieran, presentar los documentos pertinentes y a otra cosa. Pero no. Lleva días con eso y con una ira que pocas veces habíamos visto. La Jornada exhibió documentos “probatorios” que cualquiera puede obtener y poner la información que desee (incluido a Mickey Mouse).
Si se demostrara que hay algo ilícito en este caso, su eficaz discurso a favor de la “honestidad valiente”, la “austeridad republicana”, la “felicidad sin riqueza”, la “referencia moral” de Morena, su “transformación histórica”, etcétera, se vendrían abajo. Y eso no sólo afectaría sus aspiraciones para compartir la gloria histórica junto con Juárez, Madero y Cárdenas, sino que pondría en riesgo los estados disputados en próximas elecciones, y sobre todo, el 2024. Su lenguaje emocional en este caso, nos sugiere que ahí puede haber algo bastante gordo.
Analista.
@JACrespo1
