Desde que nació el IFE en 1990, ha estado presente la queja de que los consejeros son parciales a favor del partido que los nombra o propone. Y en efecto, algo de eso ha ocurrido (no siempre), y se ha intentado mitigar con un reparto de cuotas entre los partidos grandes.
Pero en 2003 quedó el PRD excluido de la composición del Consejo General —ante la condena de la mayoría de analistas y opinadores, perredistas o no— pues se perdió el valioso consenso.
Tras lo cual hice una propuesta (que algunos colegas apoyaron) para lograr la despartidización total del IFE e imprimirle la mayor imparcialidad posible; que fuera una comisión de expertos propuestos por universidades los que eligieran a los consejeros entre los aspirantes que se presenten.
Tiempo después, varias organizaciones cívicas impulsaron el movimiento “Ni cuotas ni cuates”, que proponía algo semejante. Si se quería avanzar en serio, el IFE debía despartidizarse a través de una nueva fórmula para designar a los consejeros.
Algo se avanzó en esa ruta con la reforma de 2014, cuando se estableció una comisión de seis expertos que, de todos los aspirantes, filtran a cinco por cada vacante y es la Cámara Baja la que decide de entre esas propuestas. Dos de esos expertos son nombrados por la Cámara Baja, otros dos por la CNDH y los dos restantes por el Inai.
Ahí empiezan los problemas; la Cámara puede nombrarlos a partir del interés de la mayoría, la CNDH puede proponer a partir del interés del gobierno si ya está subordinado a él (como ya lo está), y podría ocurrir lo mismo si el Inai quedará controlado por el Ejecutivo (aún no es el caso).
De cualquier manera, las cuotas y los cuates pueden seguir apareciendo ya en la Cámara Baja de entre los finalistas. Mi propuesta ha sido formar una comisión de expertos sin militancia, 30 por ejemplo, para diluir la posibilidad de que puedan incidir de manera determinante en los nombramientos a partir de sus inclinaciones partidistas.
Esta comisión tendría que ir filtrando la lista de aspirantes hasta llegar al número requerido, sin injerencia de partido alguno.
La probabilidad de que llegaran consejeros por su experiencia y conocimientos al margen de sus ideas políticas sería mayor, y al menos no tendrían que sentirse comprometidos con ningún partido, como ahora.
De hecho, yo propondría la misma fórmula para seleccionar otros cargos en distintas instituciones, pues mientras sean los partidos y el presidente quienes los propongan y designen, habrá parcialidad (así ocurre en diversas instituciones autónomas, con los magistrados del TEPJF y con los ministros de la Corte).
Bajo las fórmulas actuales, la autonomía resulta ser más de nombre y menos de hecho. Pero justo por eso los partidos se niegan a renunciar a ellas, pues en realidad no quieren instituciones autónomas sino tan controladas por ellos como sea posible.
Y en eso consiste precisamente la fórmula propuesta por AMLO para seleccionar consejeros del INE y magistrados del TEPJF. Se presenta como democrática al someterse los aspirantes a las urnas, pero ellos no son ni deben ser representantes populares, sino funcionarios con preparación técnica y experiencia.
Además, en lugar de permitir que todos de quienes cumplan los requisitos legales se presenten, se limitan los aspirantes a propuestas de actores interesados; una tercera parte por el presidente (como antes de 1994), otra por la Cámara Baja (donde Morena es mayoría) y la última por la Suprema Corte.
Ante el desconocimiento generalizado de los aspirantes, el abstencionismo sería enorme (pues ni siquiera habrá sello partidista) y terminarían decidiendo las clientelas del partido oficial (que llegarían sin saber ni a qué van, y con el nombre del candidato anotado previamente). Otra farsa de las que tanto gustan al presidente. Resultado: un INE y un TEPJF controlados mayoritariamente por el partido oficial. Una enorme regresión.
Analista
@JACrespo1
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