Tras la esperada derrota en el Estado de México, la alianza opositora no termina por definir el proceso mediante el cual designará a su candidato presidencial. Dicen que lo darán a conocer el 27 de junio a más tardar. Lo que por ahora sabemos es que no se han puesto de acuerdo entre los tres partidos que forman la alianza; el PAN tiene el proyecto más acabado, pero aún no goza del visto bueno y los ajustes de los otros dos partidos.
Y sabemos que no incluye lo que muchos militantes de esos partidos y numerosos organismos de la sociedad civil, así como miles de ciudadanos independientes, exigen; que haya alguna forma de participación directa de la ciudadanía en ese proceso. Eso daría la legitimidad que requiere el candidato que de ahí surgiera para ser competitivo.
Pero si PAN, PRI y PRD prefieren prescindir de ese método, y en cambio lo hacen a través de firmas, encuestas y convenciones (como propone el PAN), la fuerza de esa candidatura será muy menor. Muchos ciudadanos no se animarán a votar por ella.
Ante lo cual, algunas organizaciones no partidistas como el Frente Cívico Nacional, Sociedad Civil México y otras, han decidido organizar una primaria en la que sí participen directamente los ciudadanos que así lo deseen, y que de ahí surja un(a) candidato(a) que represente a la sociedad civil, aunque pertenezca (o haya pertenecido) a algún partido. Ese candidato competiría con los propuestos por los partidos a partir de las reglas por ellos establecidos.
Se planea instaurar una especie de INE ciudadano para organizar, conducir y contar los votos en ese proceso, llamado Consejo General Electoral, encabezado por el expresidente del IFE Leonardo Valdés, la expresidenta del TEPJF Mari Carmen Alanís, y otros exconsejeros del IFE y personas con experiencia electoral.
La idea es que aquellos aspirantes que quieran participar en este proceso abierto, por considerar importante la participación ciudadana directa, lo puedan hacer, en cuyo caso renunciarían a competir en sus respectivos partidos.
Si son muchos lo que se enlisten en este proceso ciudadano (como varios lo han expresado públicamente), podría darse la situación en que PRI, PAN y PRD quizá vean conveniente incorporar en su propio proceso alguna forma de participación directa de la ciudadanía para no quedar orillados con un mecanismo que se vea como esencialmente cupular, y por tanto carezca de credibilidad.
De ser así, se puede unificar ese procedimiento (incluso con algunos ajustes) y todos los aspirantes y partidos aplicarían el mismo método, en cuyo caso prevalecerá la unidad y el candidato así electo gozará de mayor legitimidad y competitividad.
Pero no se descarta que, conociendo a las dirigencias actuales de esos partidos, se nieguen a validar el proceso de estos organismos cívicos, en cuyo caso se generará una situación de riesgo, pues la unidad podría fragmentarse.
No está claro qué harían los organismos cívicos en tal situación, pero sí parecen determinados a realizar la consulta directa a la ciudadanía pues es su razón de ser, y además consideran que sin tal intervención ciudadana, el candidato surgido de un acuerdo cupular o limitado estará condenado a la derrota.
Si en el momento de anunciarse el proceso de los organismos cívicos sobre la participación directa de los ciudadanos para seleccionar al candidato opositor, muchos de los aspirantes optan por competir en ese lado, quizá los partidos vean conveniente hacer los ajustes necesarios e incorporar ese mecanismo de decisión directa.
De lo contrario, incluso de insistir en su propio candidato, podrían quedar con una legitimidad más baja que la adquirida por el candidato surgido del proceso cívico con participación ciudadana directa.
Son varias las incógnitas a despejar en las próximas semanas, y que podrían definir la mayor o menor probabilidad de que la alianza opositora pueda ser competitiva en una elección que de cualquier manera se vislumbra como sumamente complicada, frente a un presidente decidido a no reconocer una eventual derrota (como nunca lo ha hecho).