Con el arranque del sexenio se impulsó una embestida que dilapida cualquier freno al poder presidencial: se diluyeron los controles capturando el legislativo, burlando las cláusulas de sobrerepresentación; desarticulando órganos de competencia y embistiendo las instituciones autónomas; haciendo nombramientos a modo en instituciones clave como la CNDH; y así avanzando fugaz y progresivamente hasta capturar el tribunal supremo. La toma de la SCJN atravesó por colocar a Arturo Zaldívar en la presidencia del tercer poder, como un perfil anexo y suplementario a ejecutar el proyecto morenista, y es bien sabido, Zaldívar exhibe su militancia con cinismo puro: usa el lenguaje del régimen para “defender” sus posturas, se presenta en las mañaneras y actos de gobierno donde no debiese estar, realiza declaraciones con evidentes guiños de respaldo obradorista, y ópera desde su cargo, no a favor de la justicia, sino buscando la prosperidad de las intenciones del obradorato.
López Obrador es responsable del arribo de cuatro ministros a su cargo, nombramientos cuestionados de origen por su dudosa imparcialidad e independencia, dada su vinculación con personajes de la orbita morenista. Conseguir el cuarto ministro, fue el premio de un orquestado ataque gubernamental versus el ex ministro Medina Mora, quien súbitamente renunció sin esclarecimiento alguno de las causas, mediante una escueta carta, que López aceptó enseguida para poder sustituirlo. Como resultado de esta conformación, aunado a la perogrullesca simpatía con el gobierno por parte de Zaldívar, el funcionamiento de la Corte durante el sexenio se ha caracterizado por laborar entorpecidamente en asuntos de evidente ilegalidad pero de consistente vitalidad para el proyecto de López.
Sorprende la agilidad con la que escalaron ciertos asuntos, como la atracción del caso de Gertz vs. Laura Moran, caso donde se asegura fue impulsado con premura por influencia del Fiscal a Zaldívar, pero que no prosperó de acuerdo a sus expectativas, dadá la presión mediática; o bien llama la atención las votaciones en otros asuntos relevantes, como la discusión sobre la inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica, que no alcanzó los votos requeridos para la declaratoria, permitiendo así un vacío que habilita su operatividad. En contraste, los asuntos que sostienen muchos de los grandes proyectos de este gobierno se mantienen deambulando, entre sus pendientes están: la Ley de la Guardia Nacional y lo concerniente a la militarización; la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública que da vida a los superdelegados y la desaparición de las Oficialías Mayores; las plazas automáticas para maestros egresados de las Escuelas Normales; la desaparición de los Fideicomisos Públicos (que apoyaban a la ciencia, educación y tecnología); la reforma que atribuye el control de la milicia sobre los puertos; la reforma sobre la prisión preventiva oficiosa y la expansión del catálogo de delitos graves; los decretos que califican como asunto de Seguridad Nacional toda obra en la que al gobierno le estorbe un trámite; la calificación de delincuencia organizada al delito de fraude fiscal, entre otros.
Es claro, la Corte tiene actos dilatorios aunque Zaldívar lo “niegue categóricamente”; en promedio el tribunal tarda alrededor de 352 días en emitir sentencia en casos de este tipo, pero al día de hoy algunos llevan más de 1,000; así de forma deliberada rezagan los asuntos por mero cálculo político, mientras en paralelo se violentan derechos de miles de personas para beneplácito del poder. Esa siempre fue la intención de tener a Zaldívar en la presidencia, blindar el proyecto de la mano de la justicia, el único contrapeso restante. Por ello la pretensión de extender el mandato de Zaldívar hasta el final del sexenio; AMLO no necesitaba una Corte reformada, robustecida ni eficiente, solo requería hacerla extensiva a su poder, con un Secretario de Justicia al frente y no un ministro presidente.
