En el mar de fracasos que el gobierno de López Obrador ha coleccionado, destaca el de la salud pública.
Esta semana conocimos el informe de la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de Covid-19 en México, que ha revelado una cifra desoladora: trescientas mil personas perdieron la vida, víctimas de la negligencia gubernamental. Esta cifra no solo representa una tragedia para las familias afectadas, sino que también pone de manifiesto el fracaso del gobierno en proteger a sus ciudadanos en tiempos de crisis.
Más aún, en días pasados trascendió que la megafarmacia impulsada por el gobierno, con un costo de más de $3,000 millones, apenas surte tres recetas al día. Esta alarmante revelación pone en evidencia no solo la ineficiencia de las políticas de salud, sino también el despilfarro de recursos públicos en proyectos que no benefician a la población.
A esto se suman los múltiples escándalos de corrupción en el sector salud, especialmente en la adquisición de medicamentos y equipo médico. Ejemplos sobran:
1. Manuel León Bartlett, hijo del titular de la CFE, vendió al IMSS, en pleno pico de pandemia, ventiladores a precios exorbitantes, llegando a un millón y medio de pesos por unidad.
2. Carlos Lomelí, superdelegado del gobierno federal en Jalisco, y actualmente candidato a senador por Morena, fue señalado y parcialmente sancionado por poseer un conglomerado de al menos nueve empresas farmacéuticas fantasma, mediante las cuales desvió más de 2 mil millones de pesos en diversos contratos de compra de medicamentos.
3. Más de 490 millones de pesos del INSABI terminaron, gracias a la corrupción de los gobiernos morenistas de Quintana Roo y Tabasco, en las cuentas de 'Romedic', una empresa de reciente creación que se encuentra en la lista de distribuidores de medicamentos que no cumplen con la regulación sanitaria y que es propiedad de Jorge Amílcar Olán Aparicio, amigo de Andy López Beltrán, hijo del presidente López Obrador.
Y esta misma semana, Latinus dio a conocer grabaciones telefónicas y documentos que exponen de nuevo a Amílcar Olán, quien, en complicidad con el titular de IMSS-Bienestar Alejandro Calderón Alipi y el jefe de ayudantía de López Obrador Daniel Asaf, habrían manipulado licitaciones, obtenido información privilegiada y vendido medicamentos a enormes sobre precios, todo esto mientras miles de personas luchan por acceder a tratamientos médicos básicos.
Los recursos que se desvían de manera fraudulenta podrían utilizarse para mejorar la infraestructura de salud, contratar personal médico calificado y garantizar que todos los mexicanos tengan acceso a servicios médicos de calidad. En cambio, estos recursos terminan en manos de individuos o grupos de amigos y familiares del presidente, quienes solo buscan enriquecerse a expensas del sufrimiento ajeno.
La corrupción en la salud pública representa una afrenta a la ética y a la dignidad humana, una cadena de actos delincuenciales que se ejecutan sin el más mínimo atisbo de remordimiento.
La pregunta para el ciudadano es: ¿Realmente quieren el segundo piso de esta espiral de imperdonable indolencia y vulgar ambición?
