En días próximos la Suprema Corte discutirá sobre la declaratoria de inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, una práctica que de origen debiese haber sido excepcional y se tornó la regla, dando pie a abusos e impunidad en un sistema judicial que de por si podrido abona a su poca funcionalidad. El posicionamiento de la SCJN se perfila a favor de la desaparición de la figura, ante ello el gobierno ha impulsado presiones a los ministros que los hizo posponer la discusión del asunto al 5 de septiembre. Ante pronóstico de la eliminación, el presidente estalló en contra de los ministros, defenestrando a aquellos impulsados por él y que osan ejercer con libertad su encargo, diciendo que equivocó al elegirlos. El escueto argumento presidencial en defensa de la prisión preventiva, se reduce a que esta abona a abatir la impunidad y la comisión de delitos, lo cual es una gran falsedad. La prisión preventiva se encuentra dentro de nuestro ordenamiento jurídico desde 2008, con un catálogo de delitos delimitado, que fue expandido con la reforma constitucional del 2019, al art. 19°, añadiendo ahora: feminicidio, el uso de programas sociales con fines electorales, corrupción (delitos de enriquecimiento ilícito y abuso de funciones), huachicol, desaparición forzada, abuso contra menores, robo a transporte de carga, delitos en materia de armas de fuego de uso exclusivo del ejército y robo de casa habitación. Desde entonces, la figura ha aumentado su uso en un 27%, confirmando que paso de ser la excepción a la regla. México a junio de este año tenía una población privada de la libertad que ascendía a 226,916, del cual más del 40% se mantiene en prisión sin tener una sentencia en firme; con ello no se robustecen lo mecanismos para la impartición de justicia, sino que se entorpecen, pues los incentivos se vuelcan a la pereza de los ministerios públicos, quienes no tienen la necesidad de desarrollar o robustecer sus capacidades de investigación, pues basta que dicten prisión preventiva por alguno de los delitos enlistados, sin prueba alguna, para encarcelar a alguien en automático, violando toda garantía del inculpado y la presunción de inocencia. Las mayores afectaciones son padecidas por la población más desfavorecida, quienes no cuentan con recursos bastos para garantizar la defensa de abogados que los acompañen en los procesos para garantizar justicia. Irónica promoción del “adalid” de los menos favorecidos. El argumento toral del Presidente sobre su defensa es que la eliminación “dispararía la impunidad”; México tiene 12 años funcionando con ella y se mantiene en 4° lugar del Índice Global de Impunidad, con 96 de cada 100 delitos cometidos en ella y una percepción general del 80% de que la impunidad es la regla. Quieren sostener el abuso a base de mentiras, es vergonzoso que en un “país de libertades” haya gente que sufra más de 17 años en prisión por no tener sentencia, que personas vean su vida arruinada por la perezosa (in)funcionalidad de un sistema que no tiene ningún interés en hacer justicia, más que solo fingirla. El gobierno no está buscando la forma de dar justicia real y expedita, sino de mantener la pantomima de hacerla bajo la sombra de su ineptitud