“El déficit es simplemente un plan para confiscar la riqueza”
Esta cita de Murray Rothbard resuena con fuerza en el contexto actual de nuestro país, especialmente al inicio de este año, ya que el Gobierno, aprovechando la calma de las festividades decembrinas pasadas, anunció la emisión de 7,500 millones de dólares en bonos, marcando la mayor colocación de deuda en la historia.
El Subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, orgullosamente declaró que México lidera en emisión de deuda, siendo el mayor emisor soberano con grado de inversión BBB.
Esta emisión puede ser una buena estrategia en términos de reestructuración de deuda y pago de intereses, pero lleva consigo un peso de responsabilidad y consecuencias a largo plazo que no pueden ser ignoradas.
Estamos hablando de una suma equivalente a aproximadamente 127 mil millones de pesos, dividida en tres bonos con diferentes plazos: 1,000 millones de dólares a 5 años, 4,000 millones a 12 años y 2,500 millones a 30 años. Estas cantidades, que serán responsabilidad del siguiente gobierno, llevan consigo tasas de rendimiento del 5 %, 6.09 % y 6.45 %.
El patrón de endeudamiento del gobierno se ha vuelto preocupante desde hace más de dos años, con emisiones de bonos que se incrementaron de 3,000 millones en 2021 a 5,800 millones en 2022, y otros 4,000 millones en 2023.
El gobierno nos ha llevado al déficit fiscal, donde el Estado gasta más de lo que recauda. El déficit en el presupuesto de este año es equivalente al 5.4 % del PIB, el más alto en la historia moderna del país.
Ante esta situación, surgen dos preguntas fundamentales para los ciudadanos: ¿Cómo se generó esta deuda y cuál será su uso?
Lo más alarmante es que esta estrategia de financiamiento gubernamental, que contempla 1.9 billones de pesos en deuda en la Ley de Ingresos 2024, es que no se enfoca en resolver problemas urgentes como la reconstrucción de Acapulco o la adquisición de medicamentos esenciales.
En cambio, estos fondos se destinan a cubrir pasivos de Pemex y a financiar programas sociales deficientemente diseñados, esto es una clara estrategia electoral más que una política pública con visión de futuro.
Además, esta deuda se destinará al Tren Maya y a la refinería de Dos Bocas, obras que han triplicado su costo inicial, y que tienen nula rentabilidad social.
Las decisiones del gobierno de López Obrador no solo limitarán nuestra capacidad como país para atraer inversión a futuro, sino que también se convertirán en una carga pesada para las nuevas generaciones. Los jóvenes hoy deberán afrontar mañana las consecuencias de políticas económicas que, en lugar de fortalecer el país, parecen llevarlo hacia un endeudamiento insostenible.
Lejos de consolidar nuestras finanzas y asegurar un futuro próspero, nos enfrentamos a un escenario donde las políticas fiscales y económicas del gobierno comprometen seriamente al país.
Es un hecho, para López Obrador:
LO PROMETIDO ES DEUDA.
