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De acuerdo a una investigación del Comando Norte de Estados Unidos elaborada en 2021, "los grupos criminales en México controla hasta 35% del territorio" nacional".
En un esfuerzo muy mediocre por intentar ocultar la espiral de violencia y abuso que experimentamos, esta declaración fue previsiblemente rechazada de inmediato por el gobierno mexicano. Sin embargo, basta con acudir a notas periodísticas o a las vivencias reales de la gente, para corroborar las conclusiones del Comando Norte.
La delincuencia organizada ha turbado más allá de nuestra paz y penetrado hasta en nuestras mesas, transporte y bolsillos, aunque sea indirectamente. Hoy, donde hay dinero hay crimen.
La política de seguridad basada en la permisividad y en la no 'agresión' a los delincuentes, han dado pauta al crecimiento y expansión de sus actividades.
El trasiego de drogas ha dejado de ser la única actividad lucrativa del crimen organizado, ya se extiende al control de otras industrias.
En el campo, los agricultores limoneros son presa de la extorsión criminal constante, se les imponen precios para costear sus productos impactado negativamente en el precio final. Por lo menos en agosto pasado, el precio al consumidor se incrementó en un 17%.
Los empresarios del 'oro verde', el aguacate, sufren algo similar. La extorsión ha sido tan predatoria, que han optado por paralizar la distribución. Hace unos años, un kilo aguacate podía costearse en un rango de 20-25 pesos, hoy el crimen organizado lo ha disparado a más de 70.
En Guerrero, la industria del pollo apenas resiste a la exigencia de cobros por vender y producir en la región. El 'impuesto' del crimen ha sido tan voraz e insostenible, que en junio pasado hubo desabasto en varios municipios de la entidad. Ante la imposibilidad de pagar el 'derecho de piso' exigido por los delincuentes, muchísimos expendedores prefirieron cerrar sus establecimientos.
En el estado de Quintana Roo impera una lógica similar, ante el pago por 'derecho de piso' exigido a los propietarios de bares y restaurantes, se optó por una suspensión de la actividad.
La dinámica se replica a lo largo y ancho del país con diferentes dimensiones y diversos sectores, pero siempre con el mismo final, pasando factura a la gente o afectado su calidad de vida privándolos de servicios y productos.
La criminalidad ha perdido todo sentido de pudor, y es compresible, los incentivos están dados para su expansión.
Por medio de la violencia, los grupos criminales, también en Guerrero, obtienen más de 20 mdp por extorsionar a los transportistas.
La red de taxistas en Cancún, cooptada por delincuentes y avalada por la gobernadora, se ha convertido en una violenta mafia que impide la competencia legítima.
La industria pesquera, de madera y especies, es usada como moneda de cambio internacional por estupefacientes y precursores.
La expansión de la actividad económica criminal se refleja en su enorme capacidad de reclutamiento. De de acuerdo al reciente estudio publicado en la revista Science, la delincuencia organizada se posiciona como el 5to empleador a nivel nacional con más de 175 mil activos involucrados en su funcionamiento.
¿Cómo pretenden desarticular esta red delincuencial, con una política de abrazos?, ¿cómo pretenden persuadir a los reclutados por voluntad, cuando no se generan condiciones económicas competitivas en contra de la oferta criminal?
La política de la permisividad es un acto de desprecio a los más necesitados, quienes más sufren la violencia y el hurto en sus bolsillos son los más pobres.
Buena parte de la responsabilidad de la crisis de seguridad en nuestro país le compete también a la sociedad, que pasmada y anestesiada, siente que no ocurre nada.
La ciudadanía ha asimilado con normalidad el grotesco abuso que se sufre en el país, y ha evadido su responsabilidad de exigir; es eso o una absurda inconsciencia que nos encierra en la idea de pensar que aún no nos afecta en lo individual.
No se salvan, ni siquiera aquellos considerados privilegiados porque no viven en una suerte de 'zona de guerra' con cientos de muertos y desparecidos y hasta 'toques de queda'. La mano criminal ha tocado a nuestras puertas, y ha pasado a cobrar.