En un país serio, de instituciones funcionales, garantista de justicia y no de politiquerías, una tragedia como el derrumbe del metro, que ocasiono veintiséis muertes y más de una centena de heridos, sería causa suficiente para tener mínimamente renuncias de altos funcionarios del gobierno y presos a quienes resulten culpables. Pero aquí en el país de la simulación, de la pantomima, a más de un año de la desgracia, los máximos responsables son unos pernos; aquí en el país donde “las cosas ya cambiaron” bastas pruebas apuntan a la constructora, pero su dinero y el beneplácito presidencial los exime de culpas; y aquí también, donde primero el gobierno capitalino alababa una investigación por imparcial e independiente, puede desecharla, ocultarla y descalificarla en cuanto los resultados contravengan sus intereses.
El gobierno de Sheinbaum casi de manera inmediata tras el incidente contrató a la empresa noruega DNV, para indagar las causas últimas sobre las responsabilidades del desplome, alabando su expertis e imparcialidad. Durante meses respaldó los resultados de los primeros dos informes publicados, que apuntaban como causas primarias del desplome a fallas en el diseño y construcción de la linea doce, trasladando la responsabilidad a la administración de su principal oponente político por la sucesión presidencial, Marcelo Ebrard. La prioridad evidente es cuidar el nombre de la aspirante a candidata, sin importar el arribo a la verdad, así lo exhibieron al momento de manipular la traducción al español del segundo informe de DNV, donde misteriosamente desaparecían las referencias a los señalamientos por la falta de mantenimiento, que estaban patentes en el documento original.
Por otro lado, la linea de investigación abierta por la Fiscalía de la CDMX, casualmente también concluye como causas únicas las fallas en construcción y diseño, justificando así los actos que hasta ahora han conducido, a que al día hoy los únicos diez funcionarios imputados sean de segundo nivel y exclusivamente de la administración del actual canciller. Nadie más, ningún ex-gobernante, ningún secretario, ningún directivo empresarial.
Ahora en la víspera de entrega del informe concluyente, el gobierno optó por la ruptura e invalidación. En su estulticia política calcularon que podrían eximir sus responsabilidades, que la empresa noruega evadiría indagar si había culpa por la ausencia de mantenimiento y así no ejecutar fidedignamente su labor. El tercer informe incomoda a la regenta por imputarle responsabilidades, al momento de esclarecer como causa parcial del desplome la falta de cumplimiento de las labores de mantenimiento periódicas que tuvieron que haberse realizado, y señalar la nula profesionalidad con la que se realizaron las inspecciones. Cómo la realidad les estorba pretendieron esconderla y descalificar a los investigadores, que ningún interés tenían antes ni ahora de intervenir en la política mexicana.
El camino hacia la “justicia” en este caso es por lo mucho indignante, atravesado por encubrimientos que anteponen los intereses de los poderosos, para desplazar la justicia que merecen los afectados al último rincón de la insignificancia: En primer término el gobierno intento poner precio a las afectaciones y a las vidas de los fallecidos con un tabulador: 650 mil fue su primera oferta, para reparar el daño a las víctimas de su incompetencia. Ningún precio es basto para compensar la perdida de un ser querido; en tanto en sus acciones aquí los morenistas mostraron su vileza. En segundo, se nos ha repetido hasta el hartazgo que “no hay nadie por encima de la ley”, pero este gobierno ha llevado sus palabras al extremo del ridículo, al exentar los yerros del consorcio de ingenieros y a las empresas constructoras, eximidas de las manos de la justicia por tener el dinero suficiente para poder expiar sus culpas, 800 mdp fue el costo que el conglomerado empresarial acordó para reparar el daño y sacar adelante la reconstrucción, ignorando así que todas las lineas de investigación los señalan como parte de los culpables primarios. Es “justicia restaurativa” así nombran al maquillaje con el que el gobierno pretende dar fin al suceso.
Su más anhelada pretensión es el encubrimiento, que su “plumaje” no se manche mas aunque ya este enlodado. Es imposible ocultar lo que esta a la vista de todos, una obra con vicios de origen, de responsabilidad de un actual secretario de Estado, con linea de culpa que arriba hasta la administración actual, envolviendo al círculo más cercano del presidente. No era necesario ocultar las conclusiones por las faltas de mantenimiento, cuando los ciudadanos las experimentan día con día: en la colusión de trenes, en los incendios en las estaciones, en el transito lento de los convoyes, en las inundaciones de los andenes. Tras la caída del tramo elevado el día 3 de mayo, amlito y la regenta prometieron que no habría impunidad, que llegarían a la verdad, pero al día de hoy, a más de un año de la tragedia esto lo único que nos han dado: impunidad, encubrimiento y mentira.
