Nuevamente Culiacán es tierra de acecho criminal, las calles desoladas por el terror infundido por el narco obligo a la gente al refugio, el miedo vive, y circula en los videos captados durante horas de bloqueos y enfrentamientos. La recaptura de Ovidio Guzmán recuerda al operativo fallido en 2019 cuando por primera vez el hijo del Chapo fue aprehendido y liberado el mismo día, dado que el poderío criminal logro doblegar a las fuerzas del Estado, cediendo en la liberación del capo por orden presidencial. En esta nueva versión, la captura fue exitosa, pero estruendosa en términos de control, el Cártel de Sinaloa desafió abiertamente al gobierno generando caos y daños que pasan a cuenta ciudadana.
El caos en Culiacán es resultado de una política de contracción estatal que ha continuado hasta este gobierno, una decisión patente de permisividad para la expansión de control territorial del crimen organizado; esa es la explicación lógica de cómo tras un operativo de captura, una ciudad cae al acecho de las armas del narco. En contraste con el primer ‘culiacanazo' el objetivo principal cayó con éxito, pero que ello no opaque la ausencia de una estrategia de prevención sobre el despliegue efectuado con bloqueos y balas del crimen. No es menor ni digno de ignorar que un aeropuerto internacional fue tomado por sicarios, deteniendo todo el flujo de aviación, y que la capital sinaloense quedo paralizada por más de un día. La posibilidad de prevención y contención era realizable dado que en el pasado exhibieron su capacidad y modalidad de actuación.
Entre los saldos, el más relevante es el número de vidas perdidas: 29 fallecidos, entre ellos 10 militares que perdieron la vida en cumplimiento de su deber —un reconocimiento a las Fuerzas Armadas y honor a los caídos—. Del lado material, 250 vehículos destruidos (trailers, camiones y autos), rapiña en establecimientos, destrozos en locales; el sector empresarial estima perdidas por más de 900 mdp. Todo a cargo de la ciudadanía, que lo costeará sin mayor reparo.
La escabrosa detención se inserta no dentro de una lógica estratégica nacional para el combate del crimen organizado, sino de un quid pro quo enmarcado en la visita de presidente Joe Biden al país por la Cumbre de Lideres de América del Norte. La detención del hijo del Chapo es relevante para los estadounidenses quienes atraviesan por una crisis de fallecimientos derivados del consumo de drogas: más 110 mil murieron el año pasado, y más de la mitad a causa del fentanilo —que según la DEA, la mayor parte de dicha sustancia ingresa al país mediante el tráfico operado por el Cártel de Sinaloa—. Una detención a complacencia de los intereses del Norte, que a cambio de entre otras concesiones, insertaron el caprichoso aterrizaje de Biden en el AIFA.
La caída de Ovidio Guzmán no agota la operación del Cártel que encabeza, ni cambia en gran parte la dinámica criminal entre organizaciones delictivas país. Se celebra la captura del capo y aplaudimos que han demostrado que México sí tiene capacidad de enfrentar al crimen organizado, lo único que les faltaba era voluntad, o presión...
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