En vísperas de la Semana Santa, el Presidente presentó ante la cámara de diputados una iniciativa que reforma 23 leyes secundarias en materia administrativa.
Entre otras cosas, el paquete de reformas incluye una figura que dota al Estado de una serie de prerrogativas y privilegios contractuales que dejan en total indefensión a los particulares: la CLÁUSULA EXORBITANTE.
Estas prerrogativas incluyen, entre otras cosas, la posibilidad de modificar unilateralmente un compromiso contractual sin pagar indemnizaciones, la facultad de rescindir contratos sin necesidad de acudir a órganos jurisdiccionales, el poder de cancelar permisos o concesiones sin un marco legal claro o la facultad de imponer multas y sanciones a los particulares a 'criterio de la autoridad'. Todo lo anterior, dice la iniciativa, para salvaguardar el 'interés nacional'.
La cláusula exorbitante es una medida abusiva y autoritaria que se ha implementado particularmente en países con regímenes proteccionistas y populistas, y siempre ha fracasado. Aquí algunos ejemplos:
1. En Venezuela, durante el gobierno del fallecido Hugo Chávez, se incluyeron cláusulas exorbitantes en contratos administrativos, especialmente en el ámbito petrolero. Estas cláusulas permitieron al régimen chavista expropiar de facto la infraestructura de las empresas contratistas del gobierno.
2. En Bolivia, con Evo Morales, se promulgó una nueva Constitución en 2009 que incluía la cláusula exorbitante en la industria minera. Esta cláusula permitió que el Estado nacionalizara empresas mineras sin probar algún incumplimiento en las obligaciones contractuales.
3. En Argentina, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se incluyeron cláusulas exorbitantes en contratos en el sector energético. Con estas cláusulas, el gobierno modificó unilateralmente los contratos argumentando simplemente 'cambios en el marco regulatorio'.
En todos los casos, el resultado fue el mismo: litigios y arbitrajes en tribunales internacionales, donde el Estado terminó pagando indemnizaciones millonarias con cargo a los impuestos de la gente.
La cláusula exorbitante, es totalmente contraria a diversos derechos constitucionales, como la libre competencia y concurrencia, el derecho a la propiedad privada, el derecho a libertad del trabajo, el derecho a un medio ambiente sano, y qué decir del principio de legalidad.
Además, violenta tratados internacionales que tiene firmado nuestro país, como el derecho a la seguridad jurídica, la garantía de no retroactividad, el derecho de un recurso efectivo, la interdicción de la arbitrariedad, y hasta el derecho a la consulta de los pueblos originarios.
Si una empresa no puede estar segura de que su inversión estará protegida y que el Estado no intervendrá arbitrariamente en un contrato, es improbable que esté dispuesta a invertir en el país. Así, se desalienta la inversión extranjera, limitando el crecimiento económico y la creación de empleo. Es muy probable que las empresas busquen otros mercados más estables y seguros.
La cláusula exorbitante puede afectar negativamente la reputación internacional de México, nos hace un país poco fiable y respetable como socio comercial.
Estamos ante lo que quizá sea la reforma legal más regresiva y autoritaria del sexenio, con el sello de la casa: el nulo respeto a la ley, a los derechos y a las libertades.
No es de extrañarse, 'al presidente no le vengan con eso de que la ley es la ley'.