La aprobación de la reforma constitucional al Poder Judicial ha encendido las alarmas de una posible regresión autoritaria en nuestro país, debido a sus implicaciones para la democracia y el Estado de derecho. Más allá de los cambios estructurales y administrativos que conlleva, esta modificación pone en riesgo uno de los pilares fundamentales del sistema democrático: la independencia judicial. Al vulnerarse este principio, no solo se compromete el equilibrio entre los poderes del Estado, sino que también se abre la puerta a la inconvencionalidad de la reforma, es decir, su incompatibilidad con los compromisos internacionales que México ha asumido en materia de derechos humanos.
El respeto a la independencia del Poder Judicial es un principio consagrado no solo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también en múltiples tratados internacionales de los que México es parte. Este principio es esencial para garantizar que los jueces puedan actuar con imparcialidad y sin presiones externas, particularmente del Poder Ejecutivo, evitando así la erosión de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
La reforma en cuestión plantea serias dudas sobre el futuro de la autonomía judicial en el país. Si se debilitan las barreras que protegen a los jueces de la intervención de otros poderes, se corre el riesgo de que las resoluciones y sentencias de jueces y magistrados se vean contaminadas por intereses políticos, afectando la confianza pública en el Poder Judicial como garante de justicia y defensor de los derechos humanos. Sin un Poder Judicial verdaderamente independiente, los ciudadanos quedarían expuestos a la arbitrariedad y a la vulneración de sus derechos más elementales.
El control de convencionalidad, establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), obliga a los Estados a armonizar sus leyes, incluidas sus constituciones, con los tratados internacionales de derechos humanos que han ratificado. México, como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), está obligado a garantizar la independencia judicial. Esto no es solo un principio abstracto, sino una responsabilidad concreta cuyo objetivo es asegurar que los derechos de los ciudadanos no sean vulnerados por la intervención del gobierno en turno.
De acuerdo con la Corte IDH, la independencia judicial no es un lujo, sino una condición indispensable para la protección de los derechos humanos. Si la reforma debilita este principio al otorgar al Ejecutivo mayor influencia sobre la designación o remoción de jueces, no solo sería inconstitucional, sino también inconvencional, al contravenir directamente las obligaciones internacionales de México.
Nuestro sistema de control constitucional ofrece varios mecanismos para impugnar la reforma. La acción de inconstitucionalidad debería ser una de las vías más efectivas, dado que la Constitución otorga a los tratados internacionales de derechos humanos un rango equivalente al de las normas constitucionales. Esto significa que cualquier ley o reforma que viole estos compromisos internacionales puede ser impugnada ante la SCJN. No obstante, la presentación de este recurso se vislumbra muy complicada, ya que requiere del apoyo de al menos un tercio de los miembros del Congreso, un escenario difícil de concretar en el contexto político actual.
Por otro lado, los ciudadanos afectados directamente por la reforma pueden recurrir al juicio de amparo, que parece ser la herramienta más poderosa para impugnarla. A través del juicio de amparo, los ciudadanos pueden impugnar leyes o actos de autoridad que violen sus derechos fundamentales. En este caso, los jueces que se sientan perjudicados por la intervención del Ejecutivo en su autonomía podrían invocar el derecho a un tribunal independiente e imparcial, tal como lo establece el artículo 14 del PIDCP, y escalar el juicio de amparo para que sea revisado en última instancia por los ministros de la Corte.
Si en las instancias internas no se logra revertir la reforma, el sistema interamericano de derechos humanos ofrece una vía adicional para la defensa de la independencia judicial. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) podría recibir denuncias de ciudadanos o grupos que consideren que la reforma ha violado sus derechos al comprometer la independencia judicial. El caso podría llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya sentencia sería vinculante para México. Aunque la resolución de la Corte IDH podría tardar años, un fallo desfavorable no solo sería un golpe a la legitimidad de la reforma, sino que también expondría al país a sanciones y condenas internacionales.
La reforma al Poder Judicial no es solo una cuestión técnica o jurídica. En su núcleo, representa un conflicto sobre la vigencia de los principios democráticos que sustentan el Estado de derecho. Al eliminar la independencia de los juzgadores, se debilita la confianza en las instituciones democráticas y se pone en juego el respeto por los derechos humanos.
Lamentablemente, el gobierno de López Obrador ha decidido incumplir compromisos internacionales que el Estado mexicano ha adquirido, mismos que garantizan la autonomía judicial, la división de poderes y la preservación del Estado de derecho. En su obsesión por acumular poder en la figura presidencial, el régimen obradorista y sus aliados exponen al país a un conflicto legal que no solo desacreditaría nuestro sistema judicial, sino que también dañaría la imagen de México ante la comunidad internacional.
Es urgente que los organismos de la sociedad civil y los propios jueces defiendan con firmeza la independencia del Poder Judicial, y que las herramientas jurídicas, tanto nacionales como internacionales, se utilicen para proteger los derechos y libertades que están en juego. El futuro del país depende de ello.
