Conforme el sexenio avanza el aura de transformación se resquebraja y con ello la oportunidad de construir un país de justicia y legalidad. Con su arribo al poder, el Presidente atrajo la esperanza vehemente de cambiar la realidad y concluir el proyecto, que años atrás, varios de sus partidarios y activistas de la sociedad civil, pugnaron para alcanzar una Fiscalía autónoma y funcional, capaz de lograr una verdadera procuración de justicia. Al día de hoy se confirma solo será otro anhelo, enlistado en la ya larga lista de fracasos y pendientes que este desgobierno nos queda a deber; de esta forma el presidente antepone un fiscal a modo, a una justicia efectiva.
Gertz Manero arribó a la titularidad de la novedosa Fiscalía General de la República, luciendo como un funcionario cercano al Presidente, digno de su confianza, sin que ello representara su idoneidad para el cargo. Una FGR dotada de “autonomía”, que en su titular recaía la responsabilidad de culminar su transformación institucional, ha fracasado, y no se observa intención de enmendar el rumbo; a tres años de gestión, se adeudan cambios internos que han vencido su plazo legal: el fiscal opera sin haber instalado el Consejo Ciudadano responsable de la supervisión de la institución, sin agentes policiales y de investigación correctamente capacitados, sin haber emitido lineamientos pendientes de las diversas áreas y unidades que la integran, y sin resultados notables en la impartición de justicia. En cambio, se ha usado en andamiaje de la fiscalía para vendettas, litigando asuntos personales del fiscal manchados de prácticas turbias. Hoy tenemos una fiscalía cercenada, que se mantiene estática por voluntad y a conveniencia del poder, así al Presidente se le facilita operar con un fiscal a modo que anteponga los casos convenientes a su interés —sin tener que lidiar con la tan repudiada autonomía— a cambio de tolerar la ineficiencia y los desplantes despóticos de su fiscal carnal.
Gertz está causando un daño institucional irreparable, su conservación en el cargo reitera el ánimo cómplice del Presidente y su aval por el ejercicio turbio del poder. Obrador es consciente de sus tropelías, pero en el amplio listado de ilegalidades cometidas ninguna es calificada como grave, ¿no existe gravedad en el uso faccioso de la fiscalía?, para el Presidente no hay gravedad en haber utilizado el poder para encarcelar a una mujer mayor, sin prueba alguna, durante más de 500 días en prisión por una venganza personal —y que seguiría presa de no haber existido presión mediática y lucha por parte sus hijos— extorsionó y pidió dinero a familiares de la “inculpada” por su liberación y exigió su auto-incriminación; es nimio que haya intentado utilizar a la Consejería Jurídica de la Presidencia para influir en la resolución de un caso a su favor; no hay gravedad en los claros contubernios y anomalías en el caso de Emilio Lozoya; no es grave que el fiscal tenga una riqueza inexplicable y dinero en paraísos fiscales. El encargo de aquel responsable de impartir justicia en el país debiese ser ejercido por un perfil impoluto, de claro apego y respeto a la legalidad; a criterio del Presidente, ninguno de sus actos es suficientemente grave como para solicitar su remoción, sin embargo, la comisión de delitos no está sujeto a su consideración, para ello existe la ley, y sabemos que la actuación de Gertz se enmarca en conductas delictuosas, que deben ser juzgadas y penadas. En un gobierno serio la sola ausencia de resultados de Gertz bastarían para su remoción, pero ni aquí la conveniencia manda.
Solo la necesidad de ejercer “justicia” a modo explica que un funcionario mendaz como lo es Gertz se mantenga en el cargo, con la venia presidencial de poder delinquir “pero poquito”. Cabe recordar que el fiscal solo puede ser removido por su renuncia o bien por solicitud del Presidente al Senado, para votar su remoción; todas las pruebas apuntan a que eso no pasará, y el acceso a la justicia efectiva solo será para unos cuantos, mientras, la ley seguirá adornando los códigos. Es una ignominia que tendremos que soportar 6 años más o hasta que el próximo presidente tome en serio la impartición de justicia y haga lo correcto al defenestrar al que hoy es un fiscal intocable.
Diputado federal del PAN
