Junto con el transcurso de la reciente jornada electoral para la renovación de seis gubernaturas, se activan las alertas de que deben mantenernos pendientes sobre las practicas turbias y contubernios criminales que el partido oficialista teje para pavimentar sus caminos a la conservación poder. Mientras ellos celebran sus medias victorias, del otro lado observamos con preocupación el descaro con que el operadores y militantes hacen burla a la ley por saberse cobijados por la impunidad, del mismo modo que sin desfachatez alguna exhiben sus vínculos con las esferas criminales quienes los respaldan a contraprestación de protección a sus intereses. Para el morenismo la ilegalidad y el atropello son parte del camino al ‘éxito’.
Hace unos meses el presidente de MORENA, Mario Delgado declaraba con petulancia su vaticinio sobre las elecciones: “nos llevaremos el carro completo, seis de seis gubernaturas”; claramente parte de los alardes sobre sus posibilidades de victoria descansaban sobre su intención de echar mano de la gama de tropelías que en el pasado condenaron. El proceso electoral estuvo marcado por ilegalidades: en medios locales se exhibieron múltiples casos del uso electoral de los programas sociales, donde los operadores y militantes morenistas manipulaban a la población —en su mayoría habitantes de zonas rurales, de bajos recursos y con menor nivel educativo— amenazando su continuidad en los programas de no votar a favor del partido, recalcando que el origen de los recursos transferidos es gracias a el presidente. Indignante, inicuo, es el abuso de aquellos que en su ansia de poder, manipulan con la necesidad para ganar lo que no pueden convencer.
En Durango, Quintana Roo, Hidalgo y Tamaulipas, a través de redes sociales se denunciaron compras de voto durante la jornada electoral. En Quintana Roo la operación fue realizada por el Partido Verde, la cortesana de la política, que no satisfecho con el engaño sembrado a la población, de maquillar a su candidata con las siglas de MORENA, deicidio salir a comprar voluntades. En Hidalgo hubo cerca de 100 denuncias por acarreo y compra de votos, según datos de la autoridad electoral. Mientras en Durango aconteció uno de los episodios más bochornosos, donde la candidata Marina Vitela, tras ser notificada sobre la detención de varios de sus compradores de votos, salió a defenderlos luciendo su tráfico de influencias, llamando a elementos de la marina y abogar por la liberación de sus partidarios delincuentes.
Aunado a la serie de ilegalidades, se asoma la de mayor relevancia y preocupación para el desarrollo democrático del país: el contubernio con el crimen organizado. En Oaxaca y Quintana Roo hubo reportes que manifiestan el involucramiento de las redes criminales en la elección de autoridades, pero en Tamaulipas — el Estado donde contienda tendió a cerrar el margen entre los candidatos— la intervención de crimen fue más pronunciada y significativa. El huachicoleo se hizo presente con onerosas aportaciones monetarias a la campaña de Américo Villareal, más de 20 mdd documentados que fueron transferidos a cuentas del hijo del candidato, para favorecerlo en la contienda. Un préstamo que el próximo gobernador deberá pagar durante su sexenio. Por otro lado, el gobierno federal pacto con los agentes criminales a favor de crear un ambiente de hostilidad, miedo y des-incentivación del voto, acechando a los funcionarios de casilla y desapareciendo urnas para beneficio del candidato oficial. Es una practica recurrente en este sexenio, y que irán sofisticando rumbo a la elección presidencial, tan solo en la elección del 2021 el numero de candidatos asesinados fue mayor a 70, sumado a los actos de intimidación, que tienen un efecto inmediato en electores y candidatos. La intervención del crimen es alarmante, pues somete a los ciudadanos a sus designios, ignorando la voluntad popular. Es irónico, que el presidente “el adalid de la soberanía”, sea el entreguista que respalde al crimen acosta mermar nuestra libertad y derecho a elegir.
Esta elección ha sido otra exhibición de los excesos e ilegalidades que el régimen esta dispuesto a accionar para ganar el poder; son violadores seriales de la ley ante su falta de propuestas, son sembradores miedo ante su poca capacidad de convencer, subsanan sus carencias de resultados acudiendo a las trampas. En una democracia nos otorgamos reglas legitimas, que todos respaldamos y deberíamos respetar para poder elegir. El resquebrajamiento democrático atraviesa por la violencia y la vulneración a la ley; no es ganar por ganar el poder, sus actos los desnudan como vulgares ambiciosos con nula convicción de servicio, y muchas deudas con ley y sus nuevos amos: el crimen organizado.
