Esta semana, en lo que podría ser considerada la sesión ordinaria más larga en la historia con una duración de más de 26 horas, el bloque lopezobradorista en la Cámara de Diputados se valió de su mayoría, y aprobó cuatro iniciativas por la vía del 'albazo legislativo'.
Ninguna de ellas se debatió ni se dictaminó en comisiones. Nunca hubo la más mínima intención de dialogar con la oposición, tampoco se consultó a especialistas, no hubo foros de parlamento abierto ni se presentó algún análisis técnico sobre los efectos de su implementación. Es más, no hubo ni tiempo para leerlas, había mucha prisa.
La batería de reformas del oficialismo, impuestas a través de este 'cuartelazo', son altamente tóxicas: pasan por la desaparición del INSABI, la militarización de las vías férreas y del turismo, y una regresiva ley de ciencia y tecnología.
El argumento legal para atropellar el proceso legislativo fue que se trata de iniciativas de "urgente u obvia resolución". La "urgencia y obviedad" está prevista en la Ley Orgánica del Congreso, pero de forma muy laxa, nunca se especifica qué casos pueden considerarse urgentes y obvios. Esto se ha prestado históricamente a cualquier cantidad de abusos de las mayorías legislativas, pero en esta legislatura, ha sido la regla y no la excepción.
El abuso de la herramienta de dispensa de trámites por parte de los diputados oficialistas, además de ser una medida profundamente autoritaria e irreflexiva, lesiona la calidad de las leyes que se aprueban. Las leyes deben ser elaboradas con cuidado y de forma rigurosa para asegurar que cumplan con los principios constitucionales y se ajusten a las necesidades de la sociedad.
Además, cuando se aprueban leyes sin la debida reflexión y análisis, existe un riesgo real de que estas sean inconstitucionales y, por lo tanto, nulas.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la responsabilidad de garantizar que las leyes se ajusten a la Constitución, y cuando existe ambigüedad, definen criterios al respecto. No son pocos los casos en que los legisladores han violado el proceso legislativo abusando de la dispensa de trámites, y la SCJN declara inconstitucionales sus reformas.
En 2018, la SCJN declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, la cual había sido aprobada por el Congreso con dispensa de trámite. La ley fue impugnada por varios actores políticos y sociales debido a que, entre otras cosas, permitía el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública sin una regulación clara y sin el debido control civil. La SCJN encontró que la ley fue aprobada sin un debate público suficiente, sin la consulta a expertos y sin la participación de las organizaciones de la sociedad civil, lo que constituyó una violación al proceso legislativo.
Más recientemente, en 2019, la Corte anuló parte de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, argumentando que se violó el proceso legislativo y se afectó la independencia del Poder Judicial al establecer topes salariales para los jueces y magistrados.
Otro ejemplo ocurrió en 2014, cuando la SCJN declaró la inconstitucionalidad de la llamada "ley antiaborto" aprobada por el estado de Veracruz. En este caso, la Corte encontró que los legisladores habían violado el proceso legislativo al votar sin una discusión pública suficiente, sin la participación de los expertos en la materia y sin tomar en cuenta la perspectiva de las mujeres. La SCJN declaró que la ley era inconstitucional porque establecía sanciones desproporcionadas para quienes practicaran un aborto.
Es más, desde 2008, la SCJN declaró la inconstitucionalidad de una reforma a la Ley de Amparo que había sido aprobada por el Congreso con dispensa de trámite. La reforma establecía la figura del "auto de apertura a prueba". La Corte encontró que los legisladores habían aprobado la reforma sin una discusión pública suficiente, sin la consulta a expertos y sin tomar en cuenta la opinión de los actores involucrados en los juicios de amparo.
De hecho, la reforma electoral del presidente, mal llamada 'Plan B', también fue aprobada en medio de un enorme desaseo, y 'por urgencia y obviedad' en ambas cámaras. La posibilidad de que la
Suprema Corte considere este hecho y anule de forma, está más que latente.
El abuso de la herramienta de dispensa de trámites en el Congreso es una práctica peligrosa que puede tener consecuencias graves para la estabilidad del sistema jurídico y la sociedad en general. Es importante que los legisladores se tomen el tiempo necesario para debatir y reflexionar sobre las leyes antes de aprobarlas, y que respeten el proceso legislativo y los principios constitucionales. Si no lo hacen, corren el riesgo de que la Suprema Corte declare inconstitucionales las leyes resultantes y las anule.
Inevitablemente, este será el destino del FRENESÍ LEGISLATIVO que tuvieron morena y aliados esta semana. Una victoria pírrica para el oficialismo.
Se avecina un descalabro más para López Obrador en la SCJN, cortesía de la falta de oficio político e impericia jurídica de sus legisladores.
Siguen sin entender, en este país hay división de poderes y estado de derecho.
No les gusta, pero: La ley SÍ es la ley.