La devastación causada por el reciente huracán "Otis" en Guerrero, en particular en Acapulco, ha desencadenado una demanda de recursos públicos que sobrepasa toda previsión, y necesariamente nos lleva a cuestionar el muy evidente debilitamiento del Sistema Nacional de Protección Civil en este sexenio, en especial la decisión de desaparecer el Fondo de Desastres Naturales FONDEN.
El primer síntoma de menosprecio por la Protección Civil, lo vimos desde el inicio del sexenio, cuando se modificó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para mudar el área responsable del tema de la Secretaría de Gobernación a la de Seguridad Ciudadana. En ese momento, la Protección Civil dejó de ser un asunto de seguridad nacional para el gobierno. Luego vendría la extinción del FONDEN.
Este fideicomiso público, creado en 1999, era un fondo revolvente destinado a centralizar los recursos necesarios para enfrentar y financiar los estragos causados por desastres naturales imprevistos, sin depender de las asignaciones gubernamentales del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año.
En 2020, argumentando que había actos de corrupción que jamás pudo probar, López Obrador instruyó a su mayoría legislativa a extinguir el FONDEN junto con otros 108 fideicomisos, sin embargo, su disolución oficial vino hasta julio del 2021.
Hasta antes de su extinción, el FONDEN acumulaba más de 35 mil millones de pesos, suma importante para afrontar situaciones de emergencia como la que se vive actualmente en Guerrero.
No sólo se desapareció este fideicomiso, además se modificó la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, eliminando la obligación del gobierno de asignar un mínimo de 0.4% del PEF para la atención de desastres naturales.
Sin embargo, no todo el sistema quedó desmantelado; aún contamos con un seguro contra desastres naturales, también se conservan los llamados 'bonos catastróficos' y se mantiene vigente un Programa Presupuestal de Desastres Naturales.
A decir del gobierno, este Programa Presupuestal administrado directamente por la Secretaria Hacienda, dispone actualmente de 18 mil millones de pesos.
Sin embargo, para este año, la Secretaría de Hacienda realizó un recorte al Programa de Desastres Naturales de más de 3500 millones con respecto a lo aprobado por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos 2023.
Lo cierto es que de seguir existiendo el fideicomiso FONDEN que se extinguió en 2021, el gobierno podría disponer en este momento de alrededor de más de 45 mil millones de pesos para atender la tragedia en Guerrero.
El FONDEN, al tratarse de un fideicomiso público, contaba con reglas de operación y protocolos legales para activar el mecanismo sólo cuando fuera decretada una emergencia, esto facilitaba la transparencia en el ejercicio del gasto.
Ahora dependemos de la 'voluntad y disposición' de la SHCP para liberar el Programa de Desastres Naturales, no hay garantía alguna de que se procederá a la asignación de recursos de manera transparente y efectiva, todo será discrecional y a criterio del gobierno. La situación genera aún más dudas, tratándose del preludio de un año electoral.
Es de conocimiento público que el gobierno opera actualmente con un déficit fiscal, lo que significa que sus gastos superan sus ingresos. Este déficit se debe a compromisos presupuestarios no sólo relacionados con proyectos de infraestructura costosos como el Tren Maya o Dos Bocas, sino también a incrementos en las transferencias destinadas a PEMEX y a la CFE, ambas empresas que reportan considerables pérdidas financieras.
En este contexto, si se pretende cubrir con el presupuesto federal la costosa reconstrucción de Acapulco, será necesario reasignar recursos de otros rubros, lo cual plantea un dilema económico adicional, ya que los recursos disponibles ya se encuentran comprometidos en las obras icónicas del presidente y inyectar dinero a empresas estatales deficitarias.
Resulta evidente la necesidad de contar con un Fondo Federal funcional y con reglas claras para hacer frente a una tragedia de esta magnitud. Lamentablemente, el gobierno ha decido seguir su misma línea
conductiva de todo el sexenio y enfrentar esta crisis con retórica y basando sus acciones en el descargo de culpas y responsabilidades en gobiernos anteriores.
La planificación y la previsión son esenciales en la gestión gubernamental, y las decisiones impulsadas por la retórica política y la improvisación, siempre terminan mal.
La desaparición del FONDEN es un ejemplo claro de esta dinámica perversa, y su impacto se está sintiendo en Guerrero en estos momentos de tragedia.
Tenemos al peor gobierno, en el peor de los momentos.
