Con imposición, obcecación y negación ha actuado la bancada mayoritaria al tiempo de discutir el Presupuesto de Egresos de la Federación , negando las necesidades más apremiantes que afligen al país, golpeteando presupuestalmente a las instituciones que restringen su voluntad, y cerrándose al dialogo ante las opiniones divergentes de quienes consideran sus enemigos y no con ciudadanos a quienes también gobiernan.
Más de 7 billones de pesos integran el presupuesto destinado para el 2022 —el mayor gasto público presupuestado— y como se vaticinaba, los recursos pretenden ser direccionados a proyectos con un mediocre impacto social, a programas que probadamente han fallado en sus objetivos y aperturan espacios a la opacidad; es un proyecto con graves insuficiencias ante las consecuencias derivadas de la pandemia o bien las ignora. El presupuesto privilegia la construcción del Tren Maya y la ecocida refinería de Dos Bocas, a PEMEX la petrolera más endeudada del mundo, que en términos presupuestales ocasiona más perdidas que ganancias a los mexicanos, y a la ya omnipresente, pero fallida en su objetivo final, la Guardia Nacional con un aumento de 24 mil mdp.
Las instituciones que fungen como restrictivas al ejercicio del poder o ejercer autonomía son asfixiadas presupuestalmente, como el Instituto Nacional Electoral que es golpeado con una reducción de 5 mil mdp, a pesar de seis elecciones estatales que debe realizar el próximo año y el dispendio innecesario que implica la revocación de mandato, un ejercicio absurdo que se pinta de democrático, cuando por su manipulación impulsada desde el poder más bien es autocrático. Los órganos también son afectados con recortes: la Comisión Reguladora de Energía tendrá 81% menos recursos; la Comisión Nacional de Hidrocarburos - 69%; el Instituto Federal de Telecomunicaciones - 28%; así como la CNDH y la COFECE, con - 20 y -10 millones respectivamente.
En un país donde apenas existe la aplicación de la ley, se le destina a la justicia solo el 0.46% del PIB, y al Poder Judicial tienes reducciones especificas al Concejo de la Judicatura Federal y - 65 mdp a la SCJN, y se aprecio un raquítico aumento del 0.3% a la FGR.
Jóvenes Construyendo el Futuro arrebatará 21,196 millones, a pesar de los probados señalamientos sobre el uso faccioso de los jóvenes inscritos en actividades de gobierno para evitar su contratación formal en las actividades que desempeñan y de proselitismo encubierto bajo el título de “siervos de la nación”. Sembrando Vida, el programa que deforesta, y que mantiene denuncias de abuso y moches por parte de sus operadores se lleva 29,446 millones.
En contraste, el medio ambiente brilla por su desdén en el proyecto, y la educación tendrá el segundo presupuesto más bajo en la década, sin contemplar los retos y deficiencias pospandemia, los atrasos educativos, las necesidades de adaptación para los nuevos modelos híbridos de educación, y las falta de mantenimiento de las instalaciones tras el encierro. El presidente “más indigenista y feminista” según sus aplaudidores, ha recortado aun mas a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres -0.3% y en la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas -16.7%.
Garantizar los caprichos presidenciales, ocasionará un déficit de 875 mdp, que se financiará con deuda pública, a pesar de la reiterada promesa de no adquirir más. Y esto no es un gasto que vaya a ser empleado a palear los cierres de negocios o los empleos perdidos, no es un gasto que vaya a detonar mejores condiciones para detonar inversión o calidad de vida, es un gasto caprichoso y necio, negacionista de errores que impide mejorar. El presupuesto evidencia prioridades, desnuda los intereses reales del gobierno, al que le molestan los limites a su poder, aborrece las instituciones autónomas, y niega las necesidades de los que divergen su pensamiento. Un presupuesto de una sola visión.
