En un régimen democrático existen valores imprescindibles: el imperio de la ley, el principio de legalidad, la transparencia, la rendición de cuentas… para Obrador solo son bagatelas que obstruyen su voluntad. En días recientes el presidente firmó un acuerdo mediante el cual se califica a una amplia selección de obras gubernamentales como de interés público y seguridad nacional; es un acuerdo que blinda de amparos e investigaciones a las obras, un acto abiertamente en contravención a derechos humanos e inconstitucional, vulnerando nuestro incipiente derecho a la información pública, aperturando otro espacio a la opacidad.
El mencionado decreto responde a un reportaje de Latinus que dejo al descubierto la estela de corrupción militar en la obra insignia del sexenio, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, plagada de irregularidades en 966 contratos, donde la milicia estrecho tratos con empresas fantasmas y otras señaladas por desvíos de recursos y operaciones maquilladas. Destaca que siete de cada diez contratos del AIFA se ejecutaron por adjudicación directa, una práctica condenable desde el otrora juicio de quienes hoy gobiernan, pero ahora hipócritamente prefieren ignorar. El descaro de su corrupción los llevo a contratar servicios de renta de tractocamiones a un empresa de inflables, y simular operaciones por un monto cerca de 77 mdp con un pequeñita tlapalería en la CDMX.
La “incorruptible milicia” termino cediendo ante el poder corruptor del dinero, y en un escenario donde la opacidad impera, se les exime de controles de supervisión y transparencia, el resultado no podía ser otro; la estela de incentivos corruptores se extenderá en demasía a las obras públicas que caigan dentro de la manipulada categoría de seguridad nacional, pues dicho status les extrae del ejercicio de rendición de cuentas, obstruyendo dotar de información a la ciudadania o encareciendo procesalmente su ejercicio. La relación gobierno-ciudadania se torna en mayor asimetría, la autoridad exige impuestos e información excesiva sobre nuestros gastos e ingresos, pero nos priva del conocimiento sobre en que ejercen nuestro dinero, ¡una injusticia!
Es una acto que da continuidad a la línea de opacidad que ha emprendido el gobierno desde su arribo al poder, tan solo en el 2019 las quejas ciudadanas sobre solicitudes de información negadas (recursos de revisión) aumentaron en 64% con respecto al año anterior y actualmente se estima que ha cuadruplicado la cifra en contraste al último año de Peña Nieto. El gobierno que advierte que “no tiene nada que ocultar” esconde todo.
Las consecuencias del “decretazo” son de mayor impacto, pues obligan a toda dependencia pública que deba emitir dictámenes o permisos para la aprobación de las obras a otorgarlos en un plazo máximo de cinco días, y en caso de no hacerlo se entenderá como una resolución en sentido positivo.Ninguna obra que sea erigida en un futuro próximo requerirá de avales serios que sustenten rentabilidad social o económica, o bien un impacto aminorado al medio ambiente, es un acto de gobierno que compromete el bienestar general en pro del capricho presidencial. Además los daños se hacen extensivos a ámbitos de propiedad, pues por ser obras categorizadas como de seguridad nacional, faculta a la autoridad para expropiar sin acreditar la utilidad pública del bien que se pretende enajenar.
El presidente se desentiende de los señalamientos, antes que la justicia está su voluntad, antes que la verdad prefiere ocultar, antes que el derecho la imposición. El acuerdo es una señal de su incapacidad para gobernar, pues tomando en cuenta sus mayorías parlamentarias y respaldo popular, no hay impedimento para modificar los procedimientos del actuar gubernamental y hacerlo con apego a derecho, pues inevitablemente el asunto desembocará en una lluvia de amparos –esos que odia el presidente. Nuevamente observamos una clara regresión en derechos. Son tiempos oscuros, tiempos de opacidad.
