El presidente López Obrador sigue asegurando que "muy pronto" tendremos un sistema de salud similar al de Dinamarca, pero el choque de realidad es brutal.
La eliminación del seguro popular y del Fondo de Enfermedades Catastróficas, el deficiente manejo de la pandemia y el alarmante desabasto de medicamentos, nos dejan claro que el deterioro del sistema de salud pública ha sido el sello distintivo del sexenio.
A esto se deben agregar los múltiples escándalos de corrupción en el sector salud, especialmente en la adquisición de medicamentos y equipo médico. Ejemplos sobran, a continuación presentaré solo tres de los más sonados.
En medio de la crisis sanitaria causada por la pandemia y ante la falta de ventiladores para atender a pacientes de Covid-19; León Manuel Bartlett, vendió al IMSS ventiladores a precios exorbitantes, llegando a un millón y medio de pesos por unidad.
El hijo del titular de la CFE en la presente administración, obtuvo más de 800 millones de pesos en contratos por adjudicación directa a través de su empresa Cyber Robotics Solutions.
Otro caso de escándalo, es el del superdelegado del Gobierno Federal y varias veces candidato por morena en el estado de Jalisco, Carlos Lomelí.
Este personaje, en complicidad con autoridades federales y locales, armó una enorme red de farmacéuticas fantasma con el objeto de burlar la ley de adquisiciones.
Desde el 2019, Carlos Lomelí fue señalado y parcialmente sancionado por poseer un conglomerado de al menos nueve empresas farmacéuticas mediante las cuales desvió más de 2 mil millones de pesos en diversos contratos de compra de medicamentos.
'Abastecedora de Insumos para la Salud', empresa vinculada a Carlos Lomelí y a Erika Pérez García, políticos de morena, recibió más de 400 millones de pesos en contratos del gobierno federal, aún cuando el consorcio estaba sancionado por la Secretaría de la Función Pública por mentir en una licitación.
Este mismo año, salió a luz pública que el gobierno de la Ciudad de México, con Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno, asignó directamente contratos por 165 millones de pesos para la adquisición de fentanilo médico a una empresa ligada al consorcio de Lomelí, quien incluso ya ha sido investigado por la DEA.
Apenas esta semana nos enteramos que entre el 2020 y el 2022, más de 490 millones de pesos de recursos federales provenientes del extinto Instituto de Salud para el Bienestar INSABI, terminaron, gracias a la intermediación de los gobiernos morenistas de Quintana Roo y Tabasco, en las cuentas de 'Romedic', una empresa de reciente creación que se encuentra en la lista de distribuidores de medicamentos que no cumplen con la regulación sanitaria y que es propiedad de Jorge Amílcar Olán Aparicio, amigo de Andy López Beltrán, hijo del presidente López Obrador.
No hay palabras para describir la enorme red de corrupción que ha estado presente en el sector salud desde el inicio del sexenio. La forma de operar de esta red podría incluso ser considerada como la de un grupo criminal, el CÁRTEL DE LA SALUD.
Los recursos que se desvían de manera fraudulenta podrían utilizarse para mejorar la infraestructura de salud, contratar personal médico calificado y garantizar que todos los mexicanos tengan acceso a servicios médicos de calidad. En cambio, estos recursos terminan en manos de individuos o grupos que solo buscan enriquecerse a expensas del dolor ajeno.
La corrupción en la salud pública representa una afrenta a la ética y a la dignidad humana, una cadena de actos delincuenciales que se ejecutan sin el más mínimo dejo de remordimiento. Así actúa el CÁRTEL DE LA SALUD.
