Nos encontramos a menos de 10 meses del proceso electoral más grande de la historia democrática de nuestro país. Ante este hecho, que definirá nuestro destino en los próximos años, con preocupación notamos que la violencia lejos de disminuir ha escalado a niveles insólitos, causando horror y dolor en todo el territorio nacional.
Ante la falta de estrategia de las autoridades federales para fortalecer la seguridad, las bandas criminales, ya sin control y pudor alguno, se hacen presentes trastocando la vida pública, social y política traspasando incluso al ámbito internacional. Como el reciente asesinato del candidato presidencial del Ecuador, Fernando Villavicencio, como incluso lo denunció la viuda del político sudamericano.
Reflexionando sobre estos últimos cuatro años de turbulencia política en nuestra joven democracia, es innegable que la información proporcionada por la consultora Etellekt arroja una imagen cruda y desalentadora sobre la violencia política que ha impactado a nuestra sociedad. En este período, hemos sido testigos de cómo esta violencia se ha convertido incluso en una herramienta de influencia ilegal sobre la competencia electoral, socavando la equidad y la certeza de nuestros comicios, erosionando la confiabilidad de nuestras autoridades electas y amenazando el futuro de la gobernabilidad democrática que tanto hemos luchado por construir.
Los números por sí solos cuentan una historia desoladora. En las elecciones de 2018, que marcaron el inicio de un gobierno federal de orientación populista, los registros de la consultora Etellekt documentaron 774 actos criminales dirigidos a políticos y candidatos, resultando en la trágica pérdida de 152 vidas, de las cuales 48 eran aspirantes y candidatos a diversos cargos de elección (Etellekt, 2018). Estos sombríos eventos se repitieron y amplificaron tres años después, en los comicios de 2021, con un aumento del 38% en ataques a políticos, sumando un total de mil 66 agresiones. El costo humano de esta violencia se tradujo en 102 víctimas de homicidio doloso, de las cuales 36 eran aspirantes y candidatos (Etellekt, 2021).
Lamentablemente, las elecciones federales de 2021 se destacan como las más violentas en términos numéricos desde el comienzo de las alternancias políticas en el año 2000. No obstante el saldo de violencia, al día siguiente de las elecciones y de manera reveladora el presidente felicitó a los grupos del Crimen Organizado diciendo en su mañanera que se habían portado bien.
La incidencia de este tipo de violencia ha aumentado a medida que los calendarios electorales se han ido sincronizando a nivel federal, estatal y municipal. En 2024, salvo excepciones, la renovación de ayuntamientos en la mayoría de las entidades del país coincidirá con la elección presidencial.
La violencia política no solo amenaza la integridad de nuestros procesos electorales, sino también la esencia misma de nuestra democracia emergente. Urge tomar medidas contundentes para preservar la seguridad de quienes buscan servir a la comunidad a través de la política, y para garantizar que la voz del pueblo no sea silenciada por el miedo. La memoria de estos años turbulentos debe convertirse en un llamado a la acción, a la unidad y a la construcción de un futuro donde la violencia no tenga cabida en la política ni en la vida de nuestra nación.
Detrás de cada número hay una historia humana, una familia destrozada, un sueño interrumpido. No podemos permitir que la política se convierta en una condena a muerte, ni que las elecciones sean un juego sangriento. Las causas son claras: demandas sociales ancestrales, conflictos internos y la amenaza latente del crimen organizado. Estamos en un punto crítico y desgarrador.
Debemos exigir que se haga justicia por cada vida perdida, que se investiguen a fondo estos crímenes y que el gobierno federal asuma su responsabilidad. Es hora de que la cadena de gobernabilidad se refuerce y cada partido, cada entidad, cada individuo, debe ser parte de la solución.
Frente al panorama desafiante que hemos enfrentado en los últimos años en relación con la violencia política, es fundamental que se cuente con una respuesta de estado. En tal virtud, este gobierno está obligado a comprometerse a una verdadera imparcialidad que incluya temas adicionales al de la equidad electoral. Se deben retomar buenas prácticas como las desarrolladas en elecciones anteriores, en que se formaban mesas plurales, con la inclusión de todos los partidos políticos y las autoridades en materia de seguridad. No se puede permitir que en el proceso que inicia el gobierno federal vuelva a incurrir en irresponsabilidad, indiferencia y falta de acción que costaron vidas y afectaciones a la integridad de tantas personas. Basta de irresponsabilidad.
El camino hacia las elecciones de 2024 requiere un enfoque multidimensional que aborde la violencia política desde distintos ángulos. Solo a través de una combinación de medidas de seguridad, transparencia, diálogo y empoderamiento ciudadano, podremos construir un proceso electoral en el que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto de manera segura y libre y, en el que los valores democráticos prevalezcan sobre la intimidación y la violencia.
Diputado, Coordinador del GPPAN