Mucho se ha escrito ya de las terribles consecuencias que la estrategia en materia de seguridad y justicia de la actual administración federal de “Abrazos, no balazos” ha generado en nuestro país.
Su engañosa promesa de que, a partir del primer día de su gestión la violencia desaparecería y la delincuencia disminuiría como por arte de magia, el presidente, con su ineficiencia, ha provocado una serie de tragedias que pesan sobre el pueblo.
La más sensible de ellas es la insostenible cifra de homicidios dolosos que ya suma más de 165 mil víctimas y que es considerada como una de las catástrofes humanitarias más grandes de la historia contemporánea, del mundo. Su gestión ya alcanzó los 4 mil feminicidios. Como parte del desastre, la sociedad se duele de más de 40,000 desaparecidos durante los primeros cinco años de este sexenio.
El colapso institucional, la hiper-militarización, la politización de la inteligencia para la seguridad nacional y la seguridad pública, así como el abandono del sistema de justicia penal tienen otros saldos que igualmente pesan sobre el país.
La inseguridad se traduce en costos económicos que todos debemos sufragar, desde el ciudadano de a pie como las grandes empresas. Lo anterior incluyen los costos por la imparable extorsión y el derecho de piso que tienen cobertura prácticamente en todo el territorio nacional y que impactan en la economía nacional.
Para enfrentar la violencia, una de las propuestas del Ejecutivo consistía en el otorgamiento de becas a población juvenil, aduciendo que habría que atender el fondo del problema. Sin embargo, los programas de asistencia a la juventud se han desarrollado sin objetivos claros, ni reglas de operación, ni indicadores de gestión, ni mecanismos de transparencia. Por el contrario, los apoyos sociales han fracasado por su enfoque clientelar y partidario, sumado a la corrupción que también en este ámbito se ha generado.
Como muestra de la insuficiencia de estos programas para inhibir la violencia, se encuentran múltiples casos de delitos en contra de jóvenes como los sucedidos en últimos meses en Zacatecas, Lagos de Moreno, Chiapas, Cuernavaca, Veracruz, Nuevo León, entre otros.
A las anteriores tragedias se suma el hecho del crecimiento del peso específico y el empoderamiento que ha ganado el crimen organizado durante el Obradorato.
Muy lejos de la visión idílica del presidente, en semanas recientes se han publicado datos que demuestran que el crimen organizado ostenta una fortaleza orgánica que desafía a un gobierno claudicante. Un ejemplo de ello fue lo señalado por la directora de la DEA (Administración para el Control de Drogas, por sus siglas en inglés), Anne Milgram, quien en una audiencia en el Congreso de los Estados Unidos señaló que el Cártel de Sinaloa (CDS) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) operan mundialmente con 44 mil 800 elementos repartidos en más de 100 países.
Por otra parte, en días pasados fue publicado un artículo arbitrado en la revista Science, de la autoría de los investigadores Rafael Prieto-Curiel (del Centro de las Ciencias de la Complejidad de Viena), Gian Maria Campedelli (de la Universidad de Trento, en Italia) y nuestro querido Alejandro Hope (post mortem) en que, aplicando un sofisticado modelo matemático, llegan a la conclusión de que en México el crimen organizado es el quinto mayor empleador, superando a una gran cantidad de empresas legales.
Según dicho estudio, la delincuencia sería fuente de empleo de más de 175 mil personas, contando con una estrategia de reclutamiento constante de jóvenes para reemplazar a quienes caen abatidos o son encarcelados. Una de las conclusiones propuestas por los autores es que es indispensable reducir el reclutamiento de jóvenes por los grupos criminales para reducir la violencia e impacto de la criminalidad.
En el estudio, los analistas modelaron los elementos de reclutamiento, inhabilitación por el estado (arrestos y encarcelamientos), conflictos y saturación, como causas de la variación del tamaño de los cárteles. Uno de los resultados arrojados fue que para el año 2022, los grupos criminales contabilizaron entre 160,000 y 185,000 miembros. La capacidad de reclutamiento criminal asciende a una cantidad entre 350 y 370 personas por semana.
Asimismo, de acuerdo con una nota de Aníbal Martínez y Alfredo Peña publicada en el periódico Excelsior, el crimen organizado está reclutando a adolescentes para guiar migrantes indocumentados que cruzan el rio Bravo, ya que sí son detenidos por la patrulla fronteriza se confunden con migrantes y son devueltos a México sin mayor problema.
Como se puede observar, estos estudios demuestran que el estado ha sido incapaz de entender, diagnosticar y proponer estrategias y acciones adecuadas para enfrentar la violencia.
La situación descrita muestra que los jóvenes mexicanos son vistos como un ejército de reserva para el crimen bajo la mirada displicente del titular del ejecutivo, que desde un principio de su gestión decidió abandonar a su suerte a dicha población vulnerable.
Estudios como el de Hope y sus compañeros sirven para darnos una idea objetiva de los ominosos saldos de la denominada 4T y del negro futuro para el país y su juventud de prevalecer la situación.
Por tal razón en el Grupo Parlamentario del PAN de la Cámara de Diputados hemos impulsado de manera consistente propuestas, políticas públicas y acciones indispensables para dar a nuestra juventud educación, salud, oportunidades y un futuro promisorio que le rescate de las amenazas que enfrenta en estos tiempos aciagos.
Coordinador del GPPAN y presidente JUCOPO
