A poco más de un año del proceso electoral del 2024 y ante una serie de evidencias de su muy probable derrota en importantes estados y capitales del país (entre las que destaca su bastión de la CDMX), el oficialismo, en lugar de tratar de mejorar sus gobiernos, elige radicalizar la persecución a personajes de la oposición; violando la ley, la presunción de inocencia y el debido proceso.
Como ejemplo, en días pasados, el gobierno federal se unió al de la Ciudad de México y su Fiscalía General de Justicia, que ya habían iniciado una implacable persecución a la oposición con supuestas investigaciones en materia de corrupción inmobiliaria, “coincidentemente” desde el 2021 cuando su partido perdió más de la mitad de las alcaldías. A través de la cuenta oficial del gobierno federal en Twitter, retomó un señalamiento “casual” del vocero de la fiscalía Ulises “N”, en la que se me intenta acusar —sin prueba alguna— de obtener beneficios para un familiar en la adquisición de un departamento.
El gobierno federal replica información de la Fiscalía de la CDMX, respecto de la cual su difusión podría considerarse como “real malicia” o “malicia efectiva”, dado que la información difundida es falsa, en tanto que no existe una investigación formal de la fiscalía en mi contra. A esto en derecho se le llama el “efecto corruptor”, ya que todo esto es realizado con la clara intención de dañar o frenar mis acciones en mi carácter de líder opositor.
Ni el gobierno de la CDMX ni el federal, tienen un fundamento para difundir información sobre carpetas de investigación que no se encuentran abiertas, muchos menos sobre las que se están tramitando en instancias locales. Claramente están desesperados y actúan en consecuencia, por lo que me reservo el derecho a las acciones a seguir para restituir el daño a mi honor y, sobre todo, el respeto a la ley. Tan saben que actuaron mal y fuera de la ley, que el comentario fue eliminado.
Por lo que respecta al ámbito penal, tanto la fiscalía de la Ciudad de México como el gobierno local han incurrido en diversas conductas que vulneran los derechos humanos en materia de presunción de inocencia. Las constantes apariciones del vocero de dicha fiscalía, dando a conocer al público información incompleta, sesgada y maliciosa —incluso filtrando declaraciones de personas a quienes han involucrado en delitos— afecta directamente el derecho al honor y a la presunción de inocencia que cualquier persona debe gozar en nuestro país.
Llama la atención que, con tal de construir una ventaja de orden político partidista, se intente confundir a la opinión pública sobre conductas o hechos que deben ser esclarecidos siguiendo las reglas del debido proceso y que pasan por la posibilidad de que los aludidos hubiesen podido conocer oportunamente las supuestas imputaciones, lo cual se les ha negado para ejercitar sus derechos de audiencia conforme mandata la Constitución.
Incluso se ha tenido el cinismo de negar, mediante requerimientos, que existe investigación alguna y que después de solicitarla vía un juez, resulta que están siendo investigados hasta de secuestros y desaparición forzada de personas. Esta conducta que pretende ser intimidante, lo que está sancionada por la ley penal, termina por ser ridícula, patética y sobre todo reveladora de su verdadera intencionalidad.
Cabe destacar que este “modus operandi” es lo usual en la 4T. Solo baste recordar el caso de Tamaulipas, en el que, en vísperas de una elección, se armó un expediente con base en mentiras, pruebas ilícitas y actos de autoridad que a la postre resultaron nulos, pero que beneficiaron a sus candidatos. Solo buscan un impacto inmediato en la opinión pública por lo que es válido deducir que a las “autoridades” solo les interesa el efecto político, más no así el perfeccionamiento del sistema de justicia y el verdadero combate a la impunidad.
Como ya lo hemos señalado también, “el cártel de la 4T” incluidos los miembros de la fiscalía, actúan con un sentido de justicia selectiva, que se hace evidente ante la inacción de delitos de suma gravedad como el colapso de la Línea 12 del Metro o bien, los actos de corrupción que propiciaron el derrumbe del colegio Rébsamen, que dejara tanto dolor y muerte, o el ya incontable número de feminicidios, o el uso irresponsable y delictivo de la ivermectina para pacientes de Covid, entre MUCHOS otros casos.
Como ya se los he dicho antes, a nosotros no nos intimidan; nuestra Lealtad a México está por encima de todo; seguiremos trabajando para demostrar que ¡Sí hay de otra! Ni con todo el poder del Estado podrán detenernos. Seguiremos denunciando su incompetencia y sus abusos, y en el 2024 les vamos a ganar.
Diputado, coordinador del GPPAN