La reciente aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma constitucional que elimina siete órganos autónomos, incluido el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), marca un preocupante retroceso para la transparencia y rendición de cuentas, así como para la democracia en nuestro país. Esta decisión, presentada en la pasada administración, e impulsada por la actual Presidenta y ejecutada por legisladoras y legisladores de Morena y sus aliados, representa no solo un ataque a las instituciones que han servido de contrapesos al poder y han sido pilares de nuestra gobernanza, sino atenta contra derechos elementales como el acceso a la información y el de la protección de datos personales. Es claro, a Morena le estorba la transparencia.
El dictamen avanzó hacia el Senado para su validación en esta semana. Sin embargo, el proceso legislativo realizado por la Cámara de Diputados y para los efectos señalados, nuevamente estuvo plagado de irregularidades y errores técnicos que exponen la improvisación, soberbia y la negativa al debate por parte de la mayoría oficialista, así como un desconocimiento alarmante de las implicaciones legales y constitucionales de las reformas propuestas.
Entre las fallas más graves que se presentan con motivo de la aprobación del dictamen se encuentra la eliminación de disposiciones que Morena y sus aliados habían defendido férreamente cuando se discutieron las reformas sobre el Poder Judicial y la supremacía constitucional. Estos errores, resultado de la prisa y la falta de análisis no son simples descuidos, son el reflejo de un proceso legislativo carente del debido análisis que atenta contra la estabilidad jurídica del país.
Lo más alarmante es que ahora pretenden corregir estas pifias legislativas mediante una "fe de erratas", es decir, a través de una maniobra que viola el espíritu y las normas del proceso legislativo y de la función pública.
Como bien lo expresaron los coordinadores de oposición del PAN y PRI, estos errores no son fortuitos, sino producto de la soberbia y la inexperiencia de una mayoría que se niega a escuchar y que actúa sin llevar a cabo el análisis a profundidad que toda reforma constitucional implica y sobreponiendo acciones dictatoriales, la falta de apertura al diálogo y el intento de imponer una agenda sin considerar las consecuencias.
Las fallas incluyen la eliminación de párrafos completos de artículos constitucionales recientemente aprobados, evidenciando una desorganización alarmante desde la misma presentación de la iniciativa, así como en la redacción de los dictámenes. Esta falta de atención no es más que un reflejo de la improvisación y la sumisión con la que se maneja la mayoría oficialista en el Congreso, que actúa como una mera extensión del Ejecutivo sin analizar ni entender lo que vota.
La oposición dejó al descubierto este atropello legislativo y advirtió sobre el intento de manipular indebidamente nuestra Constitución Política con redacciones fraudulentas, incluyendo conceptos que no fueron discutidos ni aprobados. No toleraremos estas trampas y denunciaremos estas acciones ante las instancias legales correspondientes para proteger el respeto al proceso legislativo y a la misma Constitución Política. Esta es una lucha por la democracia, la legalidad y la certeza jurídica, no por agendas personales ni imposiciones autoritarias.
Pretender resolver estos errores mediante una "fe de erratas" no solo viola los procedimientos legislativos, sino que además desacredita el trabajo del Congreso, convirtiéndolo en una mera oficialía de partes al servicio del poder. Incorporar párrafos completos y conceptos fundamentales a la Constitución Política sin haberlos discutido y aprobado en el pleno constituye un atentado contra la transparencia, la democracia y el Estado de derecho.
La eliminación de órganos autónomos como el INAI y de órganos reguladores en materia económica pone en riesgo la transparencia interna y envía señales preocupantes a países con los que México mantiene tratados internacionales como es el T-MEC sobre el cual los otros dos países que lo han suscrito han manifestado su intención de revisarlo a profundidad, modificarlo, incluso eliminarlo. La confianza en nuestras instituciones es un pilar fundamental para el comercio y la inversión extranjera y su debilitamiento puede tener repercusiones económicas severas.
Estos órganos autónomos han jugado un papel crucial en la supervisión de la legalidad, la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia. Su desaparición no solo representa una regresión en términos de gobernabilidad, sino que también amenaza con concentrar el poder de manera peligrosa, eliminando los contrapesos que son esenciales en cualquier democracia funcional.
Acción Nacional hace un llamado a la resistencia civil pacífica ante las acciones autoritarias de Morena y exigimos al Senado haga valer su facultad de control constitucional y frene el avance de una reforma que atenta contra el sistema democrático de México. La defensa de los órganos autónomos no es un tema partidista, sino una causa en favor de la democracia, la transparencia y el respeto a los derechos ciudadanos.
Es indispensable que los legisladores del Senado analicen con responsabilidad las implicaciones de esta reforma y no se conviertan en cómplices de una agenda que pone en riesgo la estabilidad institucional del país. A la ciudadanía, les decimos: este es un momento para alzar la voz y exigir un Congreso que legisle con responsabilidad, sin atropellos ni improvisaciones.
Desde la oposición, reafirmamos nuestro compromiso con la legalidad, la transparencia y la defensa de las instituciones.
Presidente nacional del PAN
