En un país en el que la justicia muchas veces oscila entre la lentitud y la parcialidad, la reforma judicial propuesta por el actual gobierno mexicano promete ser una panacea. Sin embargo, como sociedad estamos obligados a realizar un análisis detenido para no caer en la trampa de un cambio cosmético más que una solución real a los problemas sistémicos que enfrenta nuestro sistema judicial.
En primer lugar, hay que señalar que muchos de los problemas que se padecen en este ámbito no se originan precisamente en los órganos jurisdiccionales. En materia penal, por ejemplo, resulta claro que las fallas provienen de las instancias investigadoras que muchas veces presentan ante los tribunales casos que ya están perdidos. Lo más sencillo para el gobierno ha sido culpar a los jueces y no hacerse responsable de las fallas e insuficiencias en las investigaciones.
Otro punto relevante, quizá el más problemático de toda la propuesta, es la idea de someter a votación popular, con todo y campañas electorales a todos los titulares de órganos judiciales del país.
Esto significaría que para elegir a cada ministro de la Corte Suprema y a los integrantes del Tribunal Disciplinario, se necesitarían 270 y 50 candidatos respectivamente, mientras que para jueces y magistrados federales y locales se requerirían 43,650 candidatos. Aunque la idea de una elección democrática suena atractiva, en la práctica, esto podría resultar en un espectáculo electoral más que en un proceso de selección meritocrático. La gran cantidad de candidatos podría diluir la calidad del escrutinio y permitir la entrada de candidatos menos calificados pero políticamente convenientes o mediáticos. Se hace evidente: el riesgo del fracaso y su impacto para la gobernabilidad del país son razones suficiente para abandonar esta idea que solamente se aplica en Bolivia, con resultados desastrosos.
La independencia judicial, piedra angular de cualquier democracia que se precie de tal, parece estar en juego también. La propuesta no asegura un presupuesto anual garantizado para el poder judicial, lo que podría socavar su autonomía al hacerlo dependiente de los vaivenes políticos y económicos del gobierno en turno. Este es un retroceso notable respecto a los estándares internacionales, donde la independencia financiera es fundamental para la integridad judicial. Países como Chile, Colombia y Costa Rica destinan proporcionalmente más del doble de recursos a la administración de justicia en comparación con México. Sin una asignación adecuada de recursos, la justicia en México seguirá siendo ineficiente y vulnerable a la interferencia política. En tal sentido, las y los diputados del PAN hemos propuesto que se establezca una proporción del presupuesto fija e inamovible. De acuerdo a estándares internacionales esta tendría que ser del 2 por ciento del plan de gastos nacional.
El plan también omite abordar la proporción de juzgados en relación con el número de habitantes, un aspecto crucial para garantizar el acceso a la justicia. México necesita más juzgados y jueces para manejar la carga de trabajo existente y futura, pero la reforma no ofrece una solución a esta deficiencia. Tampoco se proponen mecanismos alternativos para la resolución de conflictos que privilegien a las víctimas, o la habilitación de jurados populares, híbridos o puros, para aquellos delitos que generan interés en la comunidad. Estas medida, debidamente gestionadas y conjugadas podrían descongestionar los tribunales y ofrecer una forma más participativa de justicia.
La necesidad de contrastar ideas y propuestas en materia de justicia se hará patente en los foros que la Cámara de Diputados estará organizando en esta materia. En tal sentido, el PAN habrá de proponer mecanismos que sí vayan al fondo de la calidad de la justicia en el país, como el fortalecer la justicia constitucional mediante la reducción de barreras para la acción de inconstitucionalidad, la selección más rigurosa y transparente de los magistrados, la evaluación de méritos profesionales, la participación del poder legislativo en audiencias públicas, y la formación continua de los jueces. Estas medidas podrían garantizar una mayor imparcialidad y competencia en el sistema judicial. La importancia de esta reforma requiere de que se escuchen y se integren las propuestas de todas las voces especializadas e interesadas en el tema.
La reforma judicial es, sin duda, necesaria en México. Lo que no solo no es necesario, sino que es indeseable, es una reforma que colapse al poder judicial y con ello, se destruya el sistema republicano de división de poderes. La reforma que se requiere, es una que fortalezca las bases de nuestra democracia, no que las debilite. Es crucial que cualquier cambio en el sistema judicial no solo responda a necesidades políticas inmediatas, sino que asegure la justicia, la equidad y la independencia que la ciudadanía mexicana merece y demanda. En vez de recurrir a medidas populistas, deberíamos concentrarnos en mejorar la calidad y la integridad de quienes administran nuestra justicia. La propuestas de las y los diputados del PAN serán una alternativa viable que merece ser considerada y debatida ampliamente para lograr una transformación con visión de futuro y que realmente beneficie a todos los mexicanos.
Coordinador del GPPAN y Pdte. de la JUCOPO
