En los años 80´s, los ingresos provenientes de la actividad petrolera representaban en promedio más del 43% de los ingresos presupuestarios del Sector Público; quizá el periodo de mayor aportación de la renta petrolera a las finanzas públicas que permitió financiar grandes proyectos de corte social y económicos.
24 años después, en 2004, se observó una pronunciada declinación en la producción de petróleo de casi 25%, que no se detuvo hasta mediados de 2009, lo que redujo en 33% la aportación de los ingresos petroleros a los ingresos totales, generando presiones presupuestarias y dando paso a reflexiones en torno a la crónica dependencia que tenía la administración pública de este dinero.
En el 2016, su aportación a los ingresos públicos se había reducido a 16.3% y en 2023 a 15.3%. Este desapego de los ingresos petroleros, fue el resultado de la reforma energética de 2013 que buscó cambiar la estructura del gobierno corporativo de Pemex, generar más transparencia en el uso de los recursos, fortalecer sus incentivos y permitir que la empresa tuviera facultades para realizar contratos con el sector privado nacional e internacional.
La reforma energética de 2013 buscó modernizar el sector energético sin privatizar las empresas públicas dedicadas a la explotación de hidrocarburos y la electricidad. Es decir, se propuso mantener la rectoría del Estado, fortalecer la empresa sin privatizar, reducir riesgos financieros, contar con mayor abasto de energéticos, combatir la corrupción, impulsar el desarrollo y en consecuencia generar precios justos a la sociedad.
La actual administración, bajo el argumento de que los recursos petroleros son propiedad de la Nación y que solo el Estado debe explotarlos sin intervención de la inversión privada, con las reformas a las leyes en materia energética, frenaron los avances logrados para reducir la dependencia de estos recursos y modernizar a Pemex.
En un sexenio, la fórmula cambió: ahora es Pemex quien depende de los ingresos presupuestarios no petroleros, ahora es Pemex quien depende de los impuestos que pagamos los mexicanos. Mi pronóstico es que de haber continuidad en el gobierno y en la visión de desarrollo de país, la presión de las finanzas públicas será insostenible y seremos testigos de una crisis financiera sin precedentes de la empresa productiva.
Al menos así lo indican los datos más recientes. En el último balance financiero, la petrolera reporta una deuda total de más de 106 mil millones de dólares que equivalen al 20% del total del presupuesto aprobado para 2024. Este saldo representa el 5.7% del PIB nacional.
Al cierre del 2023, la petrolera obtuvo ganancias por 110 mil millones de pesos (6.5 mil millones de dólares), pero no fue suficiente, pues sólo consiguió recuperar 1.21% del total de su deuda. Esta situación condiciona su operatividad y condiciona también las finanzas de nuestro país, pues de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en este sexenio se subsidiará a Pemex con 1.5 billones de pesos.
Al finalizar el año 2023, Pemex disminuyó sus inversiones en 23.6%. Ese año, la empresa destinó 357 mil millones de pesos en inversión, lo que representó una reducción de 110.4 mil millones de pesos. La carga financiera (la deuda) limita su capacidad para invertir en nuevas tecnologías y proyectos de exploración y producción, afectando su competitividad y rentabilidad y, por supuesto, frena el gasto del gobierno en proyectos prioritarios como la salud y la educación, por ejemplo.
Por otra parte, tenemos un declive en la producción de petróleo pues ha disminuido significativamente debido a esta falta de inversión, lo que ha contrariado las metas de producción establecidas y ha afectado los ingresos de la empresa y del gobierno mexicano. La producción ha descendido por debajo de la marca de 1.6 millones de barriles diarios, alcanzando su nivel más bajo en un período de enero a diciembre desde al menos 2011.
Asimismo, la falta de eficiencia operativa y su estructura burocrática es notoria. Procesos decisionales lentos y una falta de adaptación a las nuevas tecnologías han elevado los costos y reducido su rentabilidad, afectando su capacidad para competir en el mercado internacional.
Es por eso, que desde el Congreso de la Unión estamos decididos a apoyar las propuestas de la candidata de la Coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez,
En primer lugar, es imperativo una reestructuración de la deuda de Pemex para aliviar su carga financiera y mejorar su liquidez. Además, es necesario realizar inversiones significativas en tecnología y exploración para aumentar su eficiencia y la producción de petróleo. La adopción de prácticas innovadoras y la exploración en nuevas áreas como son las energías limpias, son clave para revitalizar la empresa.
Es necesario promover asociaciones público-privadas para desarrollar proyectos petroleros conjuntos rentables, que generen ganancias y eliminen la presión a nuestras finanzas.
Esto permitirá compartir riesgos y costos, y aprovechar la experiencia del sector privado; para ello se requieren reformas para mejorar la eficiencia y transparencia en Pemex, incluyendo la reducción de la burocracia y la promoción de una cultura de rendición de cuentas.
La crisis financiera de Pemex es un desafío que debemos enfrentar con determinación y unidad. Con medidas audaces y estratégicas podemos rescatar la empresa de todas y todos y garantizar su vital papel en nuestro país. No hay tiempo para lamentos, en cambio es urgente el tiempo de las decisiones y acciones porque su rescate está en nuestras manos este próximo mes de junio.
Coordinador del GPPAN, presidente JUCOPO
