Como ya ha sido reseñado ampliamente en medios y redes sociales, en días pasados 9 de los 11 ministros que conforman la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declararon inválida la primera parte del llamado “Plan B” en materia de comunicación social y propaganda. Dicha resolución, tuvo como sustento la acreditación de la violación a los artículos 71 y 72 de la Constitución Federal, ya que el dictamen se aprobó “sin observar las reglas del procedimiento legislativo”. Como se recordará, en la sesión del 6 de diciembre de 2022, el oficialismo, fiel a su costumbre de avasallar a la oposición y en su afán de cumplir los caprichos del ejecutivo, presentaron un dictamen -copia fiel del enviado desde Palacio- sin observar las normas básicas del proceso legislativo, de publicación y conocimiento previo de los diputados; incluso de los que integran su propia bancada y aliados. Además, se negaron a las reiteradas peticiones de posponer su discusión en el pleno de la asamblea, para que todos los legisladores estuviésemos en posibilidad de analizar con mayor profundidad y conocimiento el contenido de sus reformas y poder cumplir con nuestra facultad constitucional de discusión.
Como ya lo hemos comentado anteriormente, el atropellado “Plan B” se da como resultado de una venganza del oficialismo por el freno y contención de la oposición a las inopinadas, innecesarias e inoportunas reformas electorales constitucionales que el Ejecutivo quiso impulsar. Dichas enmiendas, lejos de perfeccionar nuestra democracia, la ponían en riesgo; debilitando o colapsando instituciones electorales, que son fruto de largos años de lucha por la democracia.
Al no contar con el voto de la mayoría calificada, de manera perversa, oculta y subrepticiamente, pretendieron hacerlo a través de reformas a leyes secundarias. Desde que se advirtieron las anomalías, los grupos de oposición en la Cámara de Diputados señalamos que presentaríamos ante la SCJN la acción de inconstitucionalidad de las primeras reformas publicadas del “Plan B”, respecto a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el tiempo nos dio la razón.
En Acción Nacional consideramos que esta resolución es una victoria para la democracia en México, ya que se evita que el gobierno utilice los recursos públicos para favorecer a partidos o candidatos de su preferencia. También se asegura que se respete la equidad de las contiendas electorales y se evite la vulneración de la democracia en el país.
Es importante destacar el papel fundamental de la sociedad civil en esta decisión de la Suprema Corte, ya que el apoyo a la oposición fue clave para impedir la reforma constitucional que permitiría el debilitamiento del INE y para denunciar la intención del gobierno de vulnerar la democracia en México.Esta resolución confirma que en México es posible garantizar los contrapesos entre los diversos Poderes y, que la defensa de la Constitución y la democracia está por encima de las ideologías.
Coincidimos con el proyecto avalado por la Corte, en el sentido de que es fundamental que el proceso legislativo sea democrático y que todas las voces, incluidas las de la oposición y las minorías, sean escuchadas y respetadas y, que el debate se de con base en valorar razones y argumentos y no en el criterio estrictamente cualitativo de la expresión mayoritaria.
Es importante que los legisladores cuenten con el tiempo suficiente para conocer los proyectos que se discuten y votan y, que la figura de dispensa de trámites se utilice con responsabilidad y debidamente fundada y motivada, no como últimamente se ha venido empleando para dar “albazos”, sin cambiar ni comas. El Poder Legislativo debe privilegiar el diálogo y el debate y no simplemente imponerse la decisión de la mayoría.
Morena utilizó engaños y violaciones constitucionales del proceso legislativo para aprobar los caprichos presidenciales. Esperamos que la tóxica reforma electoral sea finalmente desechada. Confiamos en que la Suprema Corte y las instituciones electorales de los estados sigan trabajando en defensa de la Constitución y la democracia, así como en garantizar los contrapesos entre los Poderes.
Exigimos que se frenen ya los ataques constantes que están generando violencia a los ministros que resolvieron la invalidez del Plan B y los amagos de atentar contra la autonomía de los órganos judiciales. Quieren manipular las decisiones de la Corte generando presión a través de militantes de Morena y eso no lo vamos a permitir. Desde ahora les decimos qué también combatiremos lo que se ha denominado como el “Plan C”, que no es más que otra violación a las leyes, pues se está llamando de manera anticipada al voto, de manera fraudulenta, para hacerse de manera criminal de una mayoría calificada y con ello continuar destruyendo instituciones.
En Acción Nacional seguiremos trabajando para que las voces de la oposición y las minorías sean escuchadas y, para evitar que se impongan reformas que vulneren la democracia y las libertades fundamentales de los mexicanos. La lucha por la defensa de la democracia no es solo tarea de un partido político, sino de toda la sociedad y estamos comprometidos a seguir trabajando juntos para fortalecer nuestras instituciones y proteger nuestros derechos y libertades.
Diputado
