Algunas de las características que definen a los regímenes autoritarios y facciosos, intolerantes a los principios de la democracia, son el uso torcido de las leyes y de las instituciones, la cancelación de un debate informado, las contiendas electorales imparciales, así como evitar la alternancia por todos los medios.
A nivel internacional, nuestra región padece las consecuencias de tener como gobernantes a algunos dictadores que destacan por recurrir a prácticas cavernícolas para permanecer en el poder.
En Cuba se ha recrudecido en los últimos años la intolerancia a la crítica y la persecución a la disidencia. El dictador Miguel Diaz-Canel ha encarcelado por las protestas del 11 de julio de 2021 a más de 700 presos para contabilizar un total de más de mil presos políticos, muchos de los cuales son jóvenes e incluso menores de edad. Huelga señalar que dichos disidentes se encuentran en condiciones infrahumanas. Quienes están en libertad son objeto constante de hostigamiento, intimidación y espionaje.
En Nicaragua, el sátrapa Daniel Ortega ha emprendido una cacería en contra de disidentes, escritores, empresarios. Con saña especial ha arremetido contra sacerdotes y miembros de la comunidad católica, desterrándolos y confiscando bienes. Esta persecución ha costado vidas y la disolución de cientos de familias.
El régimen chavista de Nicolás Maduro en Venezuela ha generado un éxodo de cientos de miles de personas que por razones políticas y por falta de oportunidades han visto asfixiadas sus posibilidades de desarrollo personal y familiar. Las amenazas de ser tachado como traidores a la patria en Venezuela son constantes y el régimen utiliza un potente aparato de propaganda que inunda todos los medios de comunicación y redes sociales.
El episodio más reciente es la inadmisible inhabilitación como candidata presidencial por el Tribunal Supremo de dicho país, bajo el control de Maduro. Por supuesto que dicha ruptura del orden democrático no ha merecido ni será objeto de preocupación por parte de nuestro gobierno.
Para no desentonar con estas prácticas, que el denominado Foro de Sao Paulo observa con mirada complaciente, el actual gobierno de México no se ha quedado atrás en este tipo de modus operandi que combina censura, presiones por concesiones, manejo discrecional de recursos públicos en medios de comunicación, espionaje, carpetas de investigación, uso político del aparato de justicia (lawfare), discriminación y discurso de odio.
La denominada 4T ha traicionado a las bases sociales que durante décadas impulsaron una agenda de democracia social en que se erradicaran para siempre ese tipo de prácticas. El día de hoy existen tanto a nivel federal como en algunas entidades federativas, acciones judiciales como represalia en contra de miembros de partidos de oposición y disidentes. Además, han sido documentadas prácticas de espionaje, como la llevada a cabo en la fiscalía general de Justicia de la Ciudad de México que, a pesar de su supuesto régimen de autonomía, tiene vínculos tanto estrechos con la anterior jefa de gobierno y con su sucesor.
Las acciones de dichas autoridades revelan su desesperación ante la falta de resultados y el fracaso en distintos rubros de la administración, después de cinco años de gobierno federal y de décadas de gobiernos en la capital de la República. Y ante el inminente crecimiento en la percepción electoral de la oposición.
En ese contexto, no es de extrañar que en el reciente examen periódico universal que la Organización de las Naciones Unidas, 100 entidades sociales especializadas en la materia hayan realizado 300 recomendaciones a México por la deplorable situación en materia de derechos humanos. Ante esta crisis humanitaria que se vive en el país como fruto de la hiper-militarización, la violencia fuera de control, las desapariciones, los feminicidios, las agresiones a periodistas y defensores sociales así como la falta de transparencia, opacidad y graves casos de corrupción que se han descubierto en el seno de la familia presidencial la única respuesta del presidente es acusar a la prensa y a la oposición de buscar minar su imagen, con la pretensión de desviar la atención de la sociedad.
Ante este ominoso escenario lo decimos fuerte y claro las y los diputados del PAN, no nos intimidarán. Nuestra visión y alianza con la sociedad nos compromete a seguir luchando por una agenda de perfeccionamiento de la democracia y de las instituciones que solo encuentran su razón de ser en el servicio a las causas ciudadana y al mejoramiento de la calidad de vida de los mexicanos.
El uso faccioso del poder ha desenmascarado al oficialismo. El grupo en el poder es lo que siempre dijimos que fue, es y será: un peligro para México.
Coordinador del GPPAN y presidente de la Jucopo
