DIP. JORGE ROMERO HERRERA
COORDINADOR DEL GPPAN Y PDTE. DE LA JUCOPO
Desde el inicio de la simulada contienda por ser la corcholata preferida del presidente, el ex secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón denunció ante los órganos internos de su partido y filtrados a la prensa que su contrincante Claudia Sheinbaum se estaba viendo favorecida por desvíos de recursos de la Secretaría del Bienestar, de la secretaria de Educación Pública y de la Procuraduría de la Defensa del Consumidor. “Intromisión rapaz de la Secretaría del Bienestar” llamó el ex jefe de gobierno capitalino a los hechos ocurridos en el anómalo proceso morenista.
En ese contexto, un grupo de diputados federales de Morena, pertenecientes a la denominada corriente marcelista, denunciaron que la subsecretaría de Educación media Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la secretaria del Bienestar, Nora Ruvalcaba, Ricardo Sheffield Padilla entonces cabeza de la Procuraduría de Defensa del Consumidor (Profeco), incurrieron en desvío de recursos de orden público para favorecer a esa candidata en lo que públicamente se llegó a conocer como la “campaña ilegal.”
Hasta donde se sabe, dicha denuncia se hizo también ante las instancias oficiales, sin que hasta la fecha se tenga conocimiento de avance alguno de las misma o se hubiesen esclarecido los hechos. Lo único que ha habido es un silencio total, no obstante que, de acuerdo con la narrativa del presidente, en este sexenio habría tolerancia cero a la distracción de recursos para financiar campañas. Vamos, hasta la Constitución federal fue reformada para imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el uso faccioso de programas sociales.
Después de varios meses y con el desenlace esperado de la unción de Claudia Sheinbaum como la corcholata oficial, se hace pública otra información que compromete seriamente la legalidad en el desempeño de dicha aspirante a la presidencia y que requiere de acciones urgentes y transparentes para su esclarecimiento.
Sucede que, como es sabido, en el más reciente periodo de sesiones del Congreso Federal fue aprobado por la mayoría oficialista el decreto por el que se extinguió la agencia de noticias del Estado Mexicano, NOTIMEX. Dicha extinción fue una determinación errónea, desde nuestro punto de vista y así lo hicimos ver tanto en el debate parlamentario como en los espacios públicos en los que generosamente se nos permite expresar nuestra opinión.
Y fue precisamente, en el contexto de la desaparición y liquidación de NOTIMEX y la huelga que se estalló por parte de los trabajadores, que la titular de dicha agencia de noticias, la C. Sanjuana Martínez, hizo pública información que de resultar cierta podrían constituir faltas administrativas e incluso ilícitos electorales y penales.
Martínez ha denunciado públicamente en diversas publicaciones periodísticas, que, en el proceso de negociación de la liquidación para los trabajadores del medio informativo, representantes de alto nivel del gobierno federal intentaron extorsionarle a cambio de aceptar la liberación de los recursos para los trabajadores. El objetivo de dicha tentativa era el canalizar recursos a la campaña de Sheinbaum Pardo.
Refiere Sanjuana Martínez, en La Jornada: “Durante meses, Marath (El actual secretario de Trabajo y Previsión Social) y su equipo se negaron de manera reiterada a darnos información sobre nuestras liquidaciones, hasta que finalmente nos dijeron que de las mismas teníamos que entregar 20 por ciento para la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. Me negué en rotundo a aceptar semejante condición y a continuación en venganza se nos ofreció sólo 6 por ciento de los 256 millones entregados al sindicato junto a 14 millones en concepto de canasta y un millón más para las fiestas de un sindicato que ya había desaparecido luego de la publicación del decreto”.
Asimismo, se le dijo que eso, y esto es parte de lo que debe ser investigado a fondo, era una práctica común en el gobierno federal. De acuerdo a lo señalado, en esa intentona habría estado involucrada también Luisa María Alcalde quien fuera secretaria del Trabajo, actual titular de Gobernación, (hija del abogado laboralista Arturo Alcalde Justiniani, igualmente implicado en dicha trama y de Bertha Luján, ex contralora de López Obrador cuando este fue Jefe de Gobierno del Distrito Federal), Jenaro Villamil y Jesús Ramírez, vocero y organizador de ese órgano de propaganda partidista llamado conferencia mañanera.
La trama del llamado “NotimexGate” aún no termina. Frente al modus operandi del grupo en el gobierno federal es urgente que se aclare no solamente si hubo ese intento de extorsión, sino que se desenhebre la madeja completa en relación con la forma en que Sheinbaum ha financiado por años su campaña ilegal y que merced a la cual inundó el país de manera más que anticipada de anuncios espectaculares, pintas, propaganda impresa, entregables, ubicándola en una nada meritoria posición de supuesta ventaja.
Lo que está en juego es la salud de la alicaída democracia del país en tiempos en los que prevalece una sola voz, en los tiempos en que se ha cancelado el debate público y en que se pretenden cancelar los controles republicanos que tanto esfuerzo han costado construir al pueblo de México.
Sabemos que instancias como la fiscalía electoral está capturada igualmente por el mismo grupo, sin embargo, no cejaremos en denunciar y presionar, tanto en ámbitos domésticos como internacionales ante esta embestida en contra de los principios elementales de una contienda. La sociedad debe saber que cuenta con las y los legisladores del Partido Acción Nacional.
