Con más de 47 homicidios de periodistas en los últimos 3 años, México ocupa el deshonroso primer lugar como el país más peligroso para ejercer el periodismo.
En las primeras semanas del 2022 ya se han registrado 8 asesinatos violentos de comunicadores, además de 94 activistas sociales asesinados. Somos también uno de los países más peligrosos para los defensores de derechos humanos . La mayoría de estos crímenes quedan impunes, como resultado de investigaciones deficientes y opacas. La situación es claramente alarmante.
El gobierno, lejos de garantizar con acciones claras y efectivas las actividades de comunicación y ejercicio de libertad de expresión ; así como de defensa de derechos humanos en temas relacionados con el acceso a la tierra, la protección de los territorios y el medio ambiente; es el primero en desacreditar sus labores y ha sido omiso, por decir lo menos, ante esta insostenible situación que han causado alerta e indignación, incluso a nivel internacional.
Como muestra de esta insensibilidad, además de los peligrosos ataques mañaneros del ejecutivo —un día sí y otro también— contra aquellos miembros de estos gremios que se “atreven” a difundir los conflictos de interés, corrupción e ineficiencias gubernamentales, en el 2020 se eliminó el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, desapareciendo el financiamiento de las medidas de protección, dejándolos indefensos.
La actual administración federal ha debilitado presupuestalmente también a instituciones como el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humano y Periodistas y a la Comisión Especial de Víctimas.
Ante los más de 151 periodistas y activistas asesinados y los crecientes casos de perseguidos, amenazados y agredidos; la nula presencia de quien debería alzar la voz por ellos; la Comisionada de los Derechos Humanos, con estrechos vínculos políticos e ideológicos con el gobierno, se autocensura y restringe su obligada actuación. Es momento de actuar para frenar la violencia.
Es urgente trabajar en coordinación la federación, las entidades federativas, los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, para garantizar la integridad física de las y los comunicadores, de las y los defensores de los derechos humanos y la libertad de prensa.
Desde la Cámara de Diputados , el grupo parlamentario de Acción Nacional hemos impulsado diversas acciones, entre las que destacan:
Con la alianza legislativa “Va por México”, presentamos una iniciativa constitucional para crear el Sistema Nacional de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el cual tendrá autonomía técnica y de gestión. Éste deberá ser encabezado por un consejo general de composición ciudadana, como instancia máxima y, que permita la participación directa en sus deliberaciones y acuerdos de las personas defensoras de derechos humanos y de los periodistas.
Propusimos endurecer las penas a quien afecte, limite o menoscabe el derecho a la información o a las libertades de expresión o de imprenta elevándolas aún más, si es un servidor público el victimario.
Propusimos también, que el titular de la Comisión de Radio y Televisión de ambas Cámaras, tengan voz en la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas DDHH.
Exhortamos al Ejecutivo para que garantice y respete la libertad de expresión y a no utilizar a las instituciones del Estado para perseguir, presionar y hostigar a periodistas, que simplemente ejercen su trabajo de informar.
Requerimos también a organismos internacionales como la Alta Comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, intervenir para alertar sobre la peligrosa situación que en México viven los periodistas independientes.
Más allá de un discurso, queremos con hechos legislativos dotar a este País de un sistema constitucional de protección al periodismo y de derechos humanos. Reprobamos la violencia ejercida durante este sexenio contra los periodistas y defensores de DDHH, que está conduciendo a México al autoritarismo .
