El tiempo y la forma de actuar autoritaria, caótica, irregular y sorda de la mayoría oficialista -otorgada por personas integrantes de autoridades electorales que renunciaron a ejercer su cargo público con honestidad, transparencia, honorabilidad y respeto-, desde el inicio de funciones de la 66 Legislatura del Congreso de la Unión nos han dado la razón.
Su escandalosa actuación autoritaria en todo lo inherente a la reforma al Poder Judicial es sencillamente, una receta para el desastre.
El 15 de septiembre de 2024, se publicó una reforma de gran calado en el Diario Oficial de la Federación en materia de reforma del Poder Judicial en la que básicamente trata de la elección directa de personas ministras, magistradas, y juezas de dicho Poder.
Posteriormente, la titular del ejecutivo presentó ante el Senado de la República dos iniciativas de reforma a leyes secundarias en materia electoral que fueron aprobadas en fast track y turnadas a la Cámara de Diputados, donde sin duda, lo harán de igual forma. Sin una discusión amplia, consciente y profunda, en la que se escuche a las minorías parlamentarias y mucho menos a las decenas de miles de personas que reclaman un perjuicio a sus derechos.
La modificación de leyes que atentan contra la autonomía e independencia del Poder Judicial y que conlleva la afectación del sistema de justicia, así como la organización de procesos electorales con esta velocidad es un atropello. El modelo fast track convierte el proceso legislativo en un trámite sin deliberación seria ni consulta pública. Tomar decisiones apresuradas solo asegura problemas futuros, y en el caso del Poder Judicial, pondrá en riesgo la independencia y calidad de la justicia.
Uno de los problemas más graves de este método acelerado es que vulnera la legitimidad de las decisiones. La premisa de elegir a personas ministras, magistradas y juezas por voto popular puede sonar democrática. Pero en el contexto en que nos encontramos, se antoja un verdadero peligro. Al poner en manos del oficialismo la definición de los candidatos y manipular las votaciones, Morena pone en peligro la autonomía judicial.
La totalidad del proceso de elección, en los tiempos y formas como está concebida, estará sujeta a la indebida interferencia de intereses políticos, partidistas, económicos e, incluso, delincuenciales.
Por otra parte, augura un descrédito de las autoridades jurisdiccionales y electorales que tendrán la última palabra en cuanto a las impugnaciones se presenten en contra del proceso y resultados que se obtengan.
Legislar sin deliberación es abrir la puerta al caos jurídico. La reforma plantea inconsistencias graves: recursos de impugnación que se cruzan, falta de claridad en las competencias del INE y los tribunales, y plazos de campaña que parecen improvisados. A las personas juzgadoras en funciones se les está obligando a renunciar a un cargo al que por méritos y capacidad han accedido y se les está sometiendo a un proceso electoral sin contar con la experiencia que ello amerita.
Es indudable que el gobierno federal anterior y actual no piensan en el verdadero fortalecimiento del Poder Judicial, se trata de una jugada política con miras al proceso electoral extraordinario.
El fast track es una moda peligrosa en la política mexicana. Lo hemos visto con otras reformas. El Poder Judicial es uno de los pilares de nuestra democracia, y reformarlo no debería ser una tarea que se resuelva en 30 días.
Los legisladores están jugando con fuego. Si estas reformas salen mal —y todo apunta a que así será—, no solo pagaremos con una justicia menos efectiva, sino también con una democracia más débil. Una vez más, la prisa será la madre de los errores. Y en este caso, los errores nos costarán caro. ¿A quién beneficia legislar tan rápido? Seguramente no a las y los ciudadanos que buscamos justicia, sino a quienes aspiran a asegurar el control.
La justicia en México no puede regirse por una “tómbola”, sino por criterios jurídicos que garanticen la preparación de especialistas en toda las materias. La reforma judicial que ha promovido Morena es una farsa para el pueblo, ya que no busca seleccionar a los perfiles más aptos para ocupar un cargo jurisdiccional, sino a quienes se alineen con los intereses de la 4T. Esto abre la puerta a la impunidad, la misma impunidad que han disfrutado los delincuentes bajo la política de “abrazos, no balazos”.
Aplaudo la acción de inconstitucionalidad promovida por Acción Nacional y la oposición, así como la controversia constitucional presentada por el gobierno del Estado de Guanajuato porque es urgente revisar todas las irregularidades cometidas durante el proceso legislativo, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado y la invasión de competencias a la justicia local.
Asimismo, debe revisarse el impacto que tendrá en la protección de los derechos humanos con motivo de su implementación.
Confío en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación asuma debidamente sus facultades y atribuciones. Nosotros, desde la oposición, no daremos un paso atrás. No dejaremos de luchar por una justicia verdadera, libre de manipulación y con personas juzgadoras que respondan a la LEY, no a un partido.
Analista político
