En días pasados la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley de Amparo en la que el ciudadano pierde derechos y eventualmente libertades ante el poder. Esta contrareforma fue impulsada desde el ejecutivo bajo la firma del senador Ricardo Monreal. La enmienda modificó sustancialmente los artículos 129 y 148 de dicha ley, restringiendo las capacidades de los jueces de otorgar suspensiones en casos donde perciban una afectación al interés social o cuando evalúan la posible inconstitucionalidad de normas generales.
La reforma limita drásticamente la discrecionalidad judicial, una de las piedras de toque de cualquier régimen democrático, para conceder suspensiones con efectos generales, lo que se justifica bajo la premisa de buscar un equilibrio entre los poderes del Estado, en especial entre el Legislativo y el Judicial. Sin embargo, es fundamental cuestionar: ¿Es realmente un equilibrio lo que se busca, o se está camuflajeando un retroceso en la protección de los derechos humanos y el acceso a la justicia bajo esta narrativa?
Consideramos que esta acción legislativa, procesada a toda velocidad en las postrimerías del último periodo de sesiones de esta 65 legislatura, es un golpe contundente al desarrollo en México del denominado Judicial Review o Control Judicial, que es un elemento crucial en la historia de la democracia occidental.
Eliminar la discrecionalidad que tienen los jueces de amparo, como propone el último párrafo del artículo 129, parece no solo inconstitucional sino que es un verdadero despojo de su capacidad para ponderar el "buen derecho" y el interés social. Esta capacidad fue especialmente reconocida y ampliada con la reforma de 2011 al artículo 107 constitucional, la cual permitía a los jueces una nueva facultad para evaluar más allá de los criterios tradicionales y adoptar un enfoque más justo y equitativo en sus decisiones. Curiosamente, la ley de amparo en sus actuales términos, incluyendo el artículo 129, contó con el apoyo del senador Monreal en su momento. Ahora, esta iniciativa que gozó de su impulso, parece deshacer ese progreso.
Por otro lado, el argumento de que las suspensiones con efectos generales contravienen el principio de relatividad en el juicio de amparo no resiste un análisis profundo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha adaptado este principio para permitir, en casos excepcionales, la protección de derechos colectivos o difusos, asegurando así una tutela más efectiva de los derechos humanos. Esta flexibilidad ha sido crucial para avanzar en la protección de intereses colectivos, como en el derecho a la educación o el medio ambiente sano.
Ahora que paralelamente se ha aprobado la confiscación de cuentas de ahorro para el retiro supuestamente inactivas, resulta altamente sospechoso que el gobierno quiera inhibir la inaplicación por vía de la suspensión de dicho atraco a los trabajadores, mismo que se podría evitar con un solo amparo bien sustentado en la pretensión suspensional.
La reforma, en su esencia, no solo reduce la capacidad de los jueces para actuar como un verdadero contrapeso en la protección de los derechos fundamentales, sino que también amenaza el principio de progresividad en la tutela de los derechos humanos. Adicionalmente, al limitar la concesión de suspensiones, se puede reducir el acceso efectivo a la justicia para los justiciables, lo que va en contra del derecho a un debido proceso y a un recurso judicial efectivo.
Como ciudadanos, debemos estar atentos y exigir a nuestros legisladores que promuevan reformas que fortalezcan, y no debiliten, nuestra estructura democrática y nuestros derechos constitucionales. Estas acciones legislativas, que afectan directamente la esencia del juicio de amparo, requieren de un debate amplio y profundo, uno que no solo involucre a juristas y políticos, sino a toda la sociedad, para asegurar que las reformas promuevan la justicia y la equidad.
Siendo un verdadero atentado a la justicia, las y los diputados de Acción Nacional conjuntamente con los compañeros del bloque de oposición democrática, habremos de impulsar la acción de inconstitucionalidad, ante esta enmieda abiertamente opuesta a nuestra carta magna y al régimen convencional de defensa a los derechos humanos.
En el PAN apostamos por darle más derechos al ciudadano y fortalecer el régimen de libertades, equilibrios y controles al poder.
Coordinador de GPPAN, presidente JUCOPO
