En las ultimas semanas y como colofón de los resultados de las elecciones del pasado domingo 2 de junio, me he referido ya en diversas colaboraciones anteriores sobre el terrible atentado a la democracia que representa la sobrerrepresentación que el oficialismo pretende en el Congreso de la Unión, con el único objetivo de hacer realidad su fallido “Plan C”, el cual lo entienden como un cheque en blanco para reformar la Constitución con una sola visión de país, lo cual no les fue expresado con la voluntad de la gente en las urnas.
Lo anterior toma tintes de autoritarismo cuando desde la conferencia matutina del presidente del pasado 3 y 17 de junio, la titular de la Secretaría de Gobernación, presentó los resultados de la elección, planteando además, cómo debería ser la composición de la Cámara de Diputados -facultad absoluta del Instituto Nacional Electoral- y que en sus cifras muestran una clara sobrerrepresentación de la coalición encabezada por Morena, que va en contra del máximo de 8% que marca la Constitución y que claramente se contrapone a los principios fundamentales de nuestra democracia.
La Secretaria nos recuerda que en 1996 hubo una reforma constitucional que aún está vigente, estableciendo dos reglas importantes en el artículo 54 de la Constitución, la primera, que ningún partido político puede tener más de 300 diputados, y que no pueden exceder su porcentaje de votación nacional en más de ocho puntos. Hasta aquí, todo parece claro y transparente. Sin embargo, lo que la Secretaria no menciona es cómo estas reglas han sido interpretadas y manipuladas a lo largo de los años para beneficiar a ciertos grupos políticos y maximizar el poder de ciertas coaliciones.
Tomemos el ejemplo más reciente: Morena, con 161 diputados por mayoría y 87 por representación proporcional, alcanza un total de 248, que según la Secretaria, cumple con las reglas. Pero lo que no se menciona es el impacto de las coaliciones en la representación total y cómo estas coaliciones terminan controlando una mayoría desproporcionada en el Congreso. Como pudo observarse en la tabla presentada, la coalición conformada por los partidos Morena, PVEM y PT quieren pasar de un 54% a un 72% en las cámaras, prácticamente tiene una sobrerrepresentación del 18%, que supera en un 10% el límite establecido en la Constitución del 8 por ciento.
Diversos especialistas han señalado, que esta norma debería ser interpretada como aplicable tanto para un partido político como para una coalición. De acuerdo con Ciro Murayama, ex Consejero Electoral del INE, “cuando se introdujo el límite en la Constitución en 1996, las coaliciones se trataban como un solo partido”, y por ende dicho límite es aplicable desde entonces para ellas.
La sobrerrepresentación no es solo un problema de números. Afecta la calidad del debate legislativo y la capacidad del Congreso para reflejar la diversidad de opiniones y necesidades de la sociedad mexicana. Cuando un solo grupo acumula un poder excesivo, se corre el riesgo de que las políticas y decisiones legislativas respondan únicamente a los intereses de unos pocos, en lugar de reflejar el bien común. La confianza en nuestras instituciones democráticas es frágil y debe ser cuidadosamente protegida. Cada vez que se percibe una injusticia en el sistema de representación, se erosiona un poco más la fe del público en la política y en la capacidad de sus representantes para actuar en su mejor interés.
La Secretaria sugiere que la discusión actual sobre la representación proporcional y las coaliciones es un intento de algunos de evitar que Morena y sus aliados alcancen una mayoría calificada que les permita modificar la Constitución. Esta narrativa, aunque políticamente conveniente, ignora la verdadera preocupación: la necesidad de un sistema electoral justo que refleje fielmente la voluntad de los votantes.
Por eso, hago un llamado al INE. Es imperativo que este organismo, encargado de velar por la equidad en nuestras elecciones, defina con claridad los criterios que utilizará para la asignación de curules. Necesitamos reglas claras y justas que reflejen fielmente la voluntad de los votantes. No podemos permitir que las ambiciones de unos pocos distorsionen la representación política en nuestro país.
Es el momento de actuar con valentía y responsabilidad. No podemos seguir permitiendo que se juegue con las reglas de nuestra democracia. Si queremos un México verdaderamente democrático, necesitamos un sistema electoral que garantice una representación justa y equilibrada. La confianza del pueblo en nuestras instituciones está en juego, y no podemos fallarles.
La representación equitativa no es solo un ideal noble, sino una necesidad práctica para el buen funcionamiento de nuestra sociedad. Debemos insistir en un sistema que respete la proporcionalidad y que asegure que cada voto cuenta. Solo así podremos construir un México más justo, democrático y próspero para todos.
Coordinador del GPPAN y Presidente de la JUCOPO