En fechas recientes se dio a conocer el ciberataque más grande perpetrado en contra de los servidores de la Sedena, el cual dejó al descubierto millones de documentos confidenciales del gobierno actual que, poco a poco están poniendo en evidencia una serie de irregularidades en el actuar del gobierno y la nula transparencia con la que opera en temas que, por lo menos, debería hacer del conocimiento de los ciudadanos.
La información, muy detallada, abarca desde el estado de salud del Presidente, la cual debería ser del dominio público y no un “secreto de Estado”, por las graves implicaciones que tienen o podrían tener a la salud pública del país; hasta el hecho de que la Sedena tiene información sobre los colectivos de mujeres, a quienes identifica como un gran peligro para la seguridad nacional; grupos que han sido atacados con violencia en sus marchas por fuerzas de seguridad, incluso utilizando gases lacrimógenos y toletes.
Lo que hasta ahora nos dejan en claro las filtraciones, es que este gobierno utiliza al Ejército para ejecutar tareas que no son de su competencia; demeritando sus responsabilidades constitucionales y su jerarquía, vulnerándolo y poniéndolo incluso en una situación de indefensión jurídica y, por supuesto, como ya lo hemos dicho reiteradamente, impactando la confianza que tiene en esa institución la ciudadanía. Con ello, incluso se aleja de las tareas que coyunturalmente (de manera temporal) ha venido realizando para perseguir al crimen organizado y otras amenazas reales que enfrenta el país.
Más allá de la información que ya ha empezado a hacerse del conocimiento público (más de 6 terabytes de datos que el grupo de hacktivistas autodenominados Guacamayaleaks) y que inmediatamente el oficialismo, sus influencers y demás voceros oficiosos se apuraron en minimizar, debería de tenernos preocupados las implicaciones que estos hackeos tiene en materia de seguridad nacional.
De acuerdo con los hackers, en el caso de la información filtrada de la Secretaría de la Defensa Nacional, cuando obtuvieron el acceso a la red encontraron indicios de que al menos desde el 5 de julio otros hackers también estuvieron descargando los correos. Esto quiere decir, que las filtraciones se han venido dando desde hace muchos meses y que no sabemos cuántas personas más poseen esos mismos archivos y el uso que pretendan darle.
Lo anterior muestra que los sistemas informáticos del gobierno están en estado de vulnerabilidad y que, aunque se hayan destinado más de 340 millones de pesos en ciberseguridad a la Sedena, es necesario que se genere una política informática para salvaguardar la información que se genera y que conserva el gobierno federal en sus servidores.
Además, esto demuestra una vez más, que la mal llamada austeridad franciscana emprendida por el actual gobierno tiene consecuencias muy graves; se debe apostar por capacitar a personal en seguridad cibernética, invertir en actualizaciones de los programas informáticos y en generar una estrategia informática gubernamental, que dé certeza de que toda la información en los servidores de instituciones del Estado se encuentre resguarda por los mejores sistemas informáticos disponibles.
No debemos de tratar esto como solo una filtración sin mayores consecuencias; debemos ver qué podemos hacer y cuáles son nuestros alcances legislativos para fortalecer el marco normativo en seguridad informática nacional.
Todos empleamos las Nuevas Tecnologías de la Información y debemos estar conscientes de que podemos sufrir una vulneración de nuestra información; por eso vamos a trabajar con nuestros pares del oficialismo para que haya recursos económicos, personales e insumos necesarios para que estos actos no vuelvan a suceder.
Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.
