En menos de un mes, utilizando las mayorías calificadas obtenidas ilegítimamente y con base en presiones y amenazas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, Morena avanza en la destrucción de los contrapesos que se construyeron con el esfuerzo de mujeres y hombres a lo largo de décadas.
En el marco del proceso electoral para elegir a personas Ministras, Magistradas y Juezas de Distrito a través de la convocatoria pública para “Integrar los listados de las personas candidatas que participarán en dicho proceso y que fue emitida por el Senado de la República”, una Jueza Federal, del estado de Veracruz, otorgó la suspensión definitiva contra la reforma judicial, ordenándole al Diario Oficial de la Federación y al Ejecutivo retirar en un plazo de 24 horas de ese medio de publicación el Decreto respectivo.
La respuesta de la Presidenta, digna de gobiernos autoritarios, fue contundente: no acatar la determinación emitida por la Jueza Federal y desprestigiarla a través de su conferencia matutina en lugar de acudir a los medios de impugnación señalados en Ley para controvertir esa resolución.
Lo anterior y previendo un revés por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la mal llamada reforma del Poder Judicial con motivo de las diversas violaciones a los derechos humanos y del proceso legislativo, obligó a la titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir a sus huestes en el Poder Legislativo a presentar y aprobar de forma acelerada la iniciativa en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Federal bajo el supuesto de proteger la “supremacía constitucional”.
El objeto de la iniciativa es evitar que los medios de control constitucional como son la acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional y el juicio de amparo no procedan ante cualquier adición o reforma constitucional en contravención de los principios rectores de los derechos humanos, como es el caso del principio de progresividad. Asimismo, en incompatible con los principios de irretroactividad de la Ley, certeza jurídica, legalidad, entre otros.
La iniciativa, aprobada por el Senado de la República y discutida esta semana en la Cámara de Diputados, es severamente criticada en cuanto a su proceso legislativo, objeto y alcances por diversos sectores que han advertido que ahonda la crisis institucional y constitucional generada por la implementación de la reforma del Poder Judicial y el desacato de suspensiones provisionales y definitivas. En este proceso, hemos advertido la sumisión de diversas autoridades como el INE, el TEPJF, la CNDH.
Reconozco el esfuerzo de las y los senadores del PAN que se mantuvieron firmes en el rechazo de la iniciativa, que radica en la intención del Poder Ejecutivo Federal de centralizar el poder y continuar debilitando al Poder Judicial Federal.
Es paradójico cómo el oficialismo continúa impulsando una reforma del Poder Judicial para supuestamente fortalecerlo, pero al mismo tiempo aprueba este tipo de iniciativas con el único objetivo de mutilar sus facultades y atribuciones atentando contra los derechos de la ciudadanía.
Lo que Morena ha planteado no es más que un ardid para quitarles a las y los mexicanos la posibilidad de defenderse legalmente frente a los abusos del poder. Están diseñando un blindaje legal a su medida, intentando que los medios de control constitucional frenen sus reformas, por más violatorias que sean de los derechos humanos. En el PAN no permitiremos que conviertan la Constitución en un instrumento de impunidad.
La defensa que realizaremos en Cámara de Diputados se centrará en los siguientes puntos esencialmente: proteger el principio de progresividad de los derechos humanos, así como los demás señalados en nuestra Constitución y el marco convencional al que cualquier autoridad debe sujetarse y evitar la limitación de las facultades y atribuciones de las autoridades jurisdiccionales como es el declarar la invalidez de normas cuando se advierta que atenten contra los derechos humanos.
La maniobra llevada a cabo pretende la construcción de un régimen sin límites, donde cualquier disposición que se inscriba en la Constitución –por absurda o injusta que sea– tendrá plena vigencia sin posibilidad de ser impugnada. De ahora en adelante, actos como la tortura, la esclavitud y la pena de muerte podrían ser incorporados en la Constitución sin un medio de defensa.
El mensaje es claro: nos quieren desarmar como ciudadanas y ciudadanos. Si esta reforma prospera, perderemos herramientas esenciales para exigir justicia y defendernos de los atropellos del poder.
El objetivo de esta reforma es evidente: imponer una dictadura, consolidar un poder sin contrapesos, donde la mayoría legislativa pueda imponer su voluntad sin obstáculos. Pero no nos engañemos. Lo que está en juego no es la supremacía de la Constitución, sino la supremacía de Morena sobre las instituciones, las y los ciudadanos y nuestras libertades.
La democracia se construye con deliberación, con debate y con respeto a las leyes, no con imposiciones. En el PAN seguiremos alzando la voz y luchando por un país donde el poder tenga límites y donde los derechos de las y los ciudadanos no dependan de la voluntad de un partido político.
México no puede seguir caminando hacia el autoritarismo. Nuestra historia ha demostrado que el poder absoluto siempre termina en abusos y retrocesos.
