Lo hemos mencionado ya en distintas ocasiones, es evidente que al titular del Poder Ejecutivo le estorba la fiscalización, la transparencia y la rendición de cuentas, valores de un estado democrático. Y que él ha desdeñado desde su paso por el gobierno capitalino.
En días pasados, los legisladores oficialistas aceleraron la aprobación en comisiones de los dictámenes de las reformas enviadas por el Ejecutivo que pretenden extinguir diversos órganos autónomos y “trasladar” sus funciones a diversas secretarías y dependencias de gobierno aduciendo una mal entendida simplificación administrativa y su tan cacareada falsa austeridad, pero que en realidad pretenden encubrir su intento de centralizar el poder y reducir la independencia de instituciones fundamentales para nuestra democracia.
Los organismos constitucionales autónomos han sido indispensables para el equilibrio del poder, toda vez que contribuyen a garantizar los derechos de las personas y a consolidar la vida democrática, desarrollan tareas especializadas para hacer cumplir los principios de legalidad, independencia, neutralidad, objetividad, transparencia y rendición de cuentas en el marco de sus competencias y ante todo frenan los excesos de un Estado autoritario y represor. Asimismo, en los últimos tiempos han evidenciado la corrupción y revelado desvíos millonarios de funcionarios cercanos al regimen morenista.
Acción Nacional reconoce la importancia de los órganos autónomos como pilares de la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas. Incluso el Inai tuvo su origen en gobiernos panistas. La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), entre otros, cumplen funciones cruciales que no deberían estar bajo el control directo del Ejecutivo.
Ya que no solo compromete su independencia, sino que también podría llevar a una politización de decisiones técnicas y especializadas. Por ejemplo, la transferencia de las funciones del IFT a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes podría poner en riesgo la imparcialidad en la regulación de las telecomunicaciones y la radiodifusión, sectores vitales para la información y la libertad de expresión en nuestro país.
La desaparición del Inai es particularmente preocupante. ¿Cómo podemos confiar en que un gobierno, que intenta centralizar tanto poder, se autorregulará en términos de transparencia y acceso a la información pública? La historia reciente nos ha mostrado que la corrupción puede prosperar en un entorno donde la transparencia es limitada y el acceso a la información está controlado por las mismas autoridades que podrían estar involucradas en prácticas ilícitas.
Durante las reuniones de parlamento abierto, quedó claro que estos órganos autónomos no solo son mecanismos de control y equilibrio, sino que también representan una garantía para la ciudadanía de que los derechos fundamentales serán respetados. La propuesta de eliminación de estos órganos se presenta bajo el pretexto de eficiencia administrativa, pero la eficiencia no puede venir a costa de la autonomía y la capacidad de estos organismos para operar sin injerencias indebidas.
Los debates también subrayaron que muchos de estos órganos fueron creados precisamente para evitar el abuso de poder y asegurar que el Estado actúe con responsabilidad y transparencia. La eliminación de la Cofece, por ejemplo, podría permitir que grandes empresas monopolísticas actúen sin la necesaria supervisión, afectando la libre competencia y, por ende, el bienestar de los consumidores.
Es importante destacar que diversas voces especializadas han expresado que la eliminación de estos órganos representa un retroceso de por lo menos 30 años en la lucha ciudadana por la democracia y por obligar al gobierno a ser transparente en el uso de los recursos públicos y el ejercicio del poder, como lo señaló recientemente Clara Jusidman. Por otro lado, es preocupante escuchar a la presidenta electa Claudia Sheinbaum, minimizar la eliminación de los órganos autónomos.
En conclusión, los órganos autónomos son esenciales para una democracia sana y funcional. La propuesta del Presidente, aunque se presenta como un esfuerzo por mejorar la eficiencia gubernamental, parece ser más un movimiento hacia la concentración del poder que una verdadera reforma administrativa. Es fundamental que, como sociedad, defendamos la independencia de estas instituciones y nos opongamos a cualquier intento de debilitarlas. La democracia y los derechos de los ciudadanos dependen de ello.
Es nuestro deber como ciudadanos y representantes públicos defender estos pilares de nuestra democracia. Sin ellos, corremos el riesgo de vivir en un país donde el poder se concentra en pocas manos y se limita la capacidad de la sociedad para exigir cuentas a sus gobernantes. Es fundamental proteger la independencia de los órganos autónomos y garantizar que puedan seguir desempeñando su papel esencial en nuestra democracia.
Coordinador del GPPAN y presidente de la Jucopo
