El Índice de Libertad Económica de la Fundación Heritage mide cada año el clima de negocios y seguridad para los derechos de propiedad y apego al estado de derecho. En su edición de 2023, ubica a México en el lugar 61, con 63 puntos; la calificación más baja desde 2018. Entre las 32 naciones de la región, nuestro país tiene el lugar décimo primero. Estas calificaciones definen a la economía mexicana como moderadamente libre, es decir una libertad mediocre y, en los hechos, frágil.
En el Índice se señala, que el estado de derecho en México ha sido socavado severamente por la violencia y la inestabilidad relacionada con el tráfico de estupefacientes. Otra grave debilidad institucional, se identifica por una corrupción sin freno y una muy endeble protección a los derechos de propiedad privada. Asimismo, se señala que las políticas estatistas en materia de energía y recursos naturales amenazan a la inversión extranjera y violan el acuerdo de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México.
Al referirse específicamente al estado de derecho, el índice señala que la calificación de los derechos de propiedad se encuentra por debajo del promedio mundial; misma situación que enfrenta la efectividad del sistema judicial y el grado de integridad del gobierno. Otros aspectos que afectan al ambiente de negocios del país son, el grado de incumplimiento de los contratos, la muy frágil seguridad pública y la informalidad.
En este entorno, resulta relevante señalar que el actual gobierno también se ha caracterizado por tomar determinaciones caprichosas y muchas veces carente de fundamentos técnicos en materia económica. Lo anterior incluye un reflejo populista que no escatima la amenaza de recurrir a expropiaciones, como lo vimos hace un par de semanas en el caso del ferrocarril en el Istmo de Tehuantepec. En dicho evento, fuimos testigos de la impaciencia del presidente en hacer su voluntad para apoderarse de ciertos tramos de vías conforme sus intereses y visión unipersonal. El Presidente optó por ubicarse ante el concesionario, con una postura de fuerza y mandando un mensaje claro a terceros sobre las consecuencias de no plegarse a sus dictados.
Es alarmante el manejo que el Presidente ha dado al tema de las expropiaciones. Si bien México cuenta con un proceso legal establecido en el artículo 27 de la Constitución para llevarlas a cabo, estas se enmarcan en un acto administrativo del gobierno fundamentado en el interés público y mediante una compensación y/o indemnización.
Si bien es cierto, que la mayoría de los gobiernos en el mundo las practica y que en México diversas administraciones las realizaron, es importante recordarle al Presidente que durante su campaña prometió no llevar a cabo acciones como estas. Como en otros casos, constatamos que una cosa es lo que el presidente propuso en campaña y otra muy distinta lo que realiza ya instalado en el poder.
De acuerdo con su propia información, hasta ahora se han emitido 32 decretos expropiatorios relacionados con el Tren Maya, con el objetivo de adueñarse de mil 941 hectáreas en el estado de Quintana Roo. Estas decisiones políticas han sido calificadas por expertos como la peor amenaza para la estabilidad y el crecimiento de México. La expropiación arbitraria de 109 hectáreas para el tramo 5 del Tren Maya, además ha generado un enorme impacto ambiental sobre selvas, manglares y cenotes.
La toma de las instalaciones de Ferrosur por parte de elementos de la Secretaría de la Marina (SEMAR), basado en la necesidad de tener control y administración de todas las líneas ferroviarias del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec -zona estratégica para el transporte-, pone en evidencia el mal uso que se está haciendo de nuestras fuerzas armadas, quienes asumen los costos y las responsabilidades de estas acciones, al convertirse en operadores de los caprichos presidenciales.
Estas acciones, que reflejan el creciente carácter hostil y autoritario que ha tomado el gobierno, representan una pésima señal para el mundo y debilitarán más nuestra imagen internacional como destino de inversión. Además, constituyen un grave atentado contra nuestro Estado de Derecho y la protección de la propiedad privada, elementos esenciales para el funcionamiento de una sociedad democrática.
En el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, nos encontramos comprometidos con un país en que el clima de libertades económicas crezca y se consolide como una de las grandes ventajas de nuestro país. Buscamos tener un país en que se generen oportunidades para todos, con base en la educación, la ciencia, la tecnología y la competitividad. Y que los motores de la economía sean la certeza jurídica y el estado de derecho.
Diputado, Coordinador del GPPAN
