Para nadie resulta desconocido que durante el proceso electoral y desde los años previos se vivió un contexto de violación masiva, sistemática y abierta a los principios de la Constitución. De lo anterior se dio cuenta a través de los cientos de denuncias que, en diferentes ámbitos, se hicieron llegar a las distintas autoridades para advertir que el gobierno, ha conducido su actuación en desapego a sus obligaciones de imparcialidad, legalidad, eficacia, eficiencia. Igualmente se denunció la intervención del crimen organizado en el ámbito político electoral, así como del financiamiento presuntamente ilícito de campañas ilegales de posicionamiento fuera de tiempos electorales, precampañas y actos anticipados.
Como un simple ejemplo, desde la Cámara de Diputados, se hicieron innumerables denuncias formales a instancias como la Fiscalía General de la República a través de la fiscalía anticorrupción y la fiscalía electoral y a la Secretaría de la Función Pública. También se hicieron llegar quejas a la Auditoría Superior de la Federación, Instituto Nacional Electoral y bajo las formas correspondientes, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Como partido, Acción Nacional incluso recurrió a poner en conocimiento de hechos y anomalías en el orden político y electoral ante instancias internacionales como la Organización de Estados Americanos.
Por lo que toca a las entidades nacionales, ninguna de ellas hizo nada eficaz para detener la maquinaria ilegal que se montó desde lo más alto de nuestro gobierno. Las denuncias hechas a fiscalías y dependencias del ejecutivo simple y sencillamente fueron ignoradas y tiradas a la basura, en lo que podemos llamar uno de los operativos de encubrimiento de Estado más grandes de la historia.
Recientemente, de manera muy tibia y desde luego a destiempo, el Tribunal Electoral dio a conocer que el presidente de la República violó la neutralidad y equidad del proceso electoral en ¡36 conferencias matutinas! Además, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señaló que hubo un uso indebido de recursos públicos por declaraciones de carácter electoral, de apoyo a un grupo político y de rechazo a la oposición en 32 conferencia matutinas entre mayo y octubre de 2023. Adicionalmente a lo anterior, dicha Sala resolvió que el Presidente y el secretario del Trabajo y Previsión Social, emitieron mensajes proselitistas en las conferencias mañaneras de 6, 7, 8 y 9 de febrero de 2024.
Estas determinaciones, sumadas a otras anteriores y a las quejas, demandas y denuncias que nunca fueron atendidas acreditan la existencia de un contexto deliberado de fraude de Estado, que ni siquiera inició en el procedimiento electoral del 2024 sino que fue construido desde el primer día del “gobierno” obradorista. De hecho, muchas de estas acciones fructificaron en contiendas inequitativas de inicio en varias entidades federativas. El uso faccioso y opaco de recursos públicos, la campaña proselitista de los “servidores de la nación”, el estado de sitio permanente y el acoso a medios de comunicación y órganos regulatorios siempre tuvo una intención de establecer un esquema de hegemonía partidista.
Bajo estas condiciones, que como ya se ha dicho sí fueron denunciadas, es que se dio el parcial, abusivo y por demás inequitativo proceso electoral del 2024.
Los resultados para la Presidencia ya son conocidos. Lo que nunca se conocerá es la cantidad de recursos ilícitos que se destinaron por parte de Morena para hacerse de la Presidencia a como diera lugar.
Para la conformación del Congreso, el voto popular determinó las proporciones de 54.1% para el oficialismo y 45.9% para la oposición.
Por si no hubiese sido ya demasiado con el abrumador aparato de estafa estatal, que vició la voluntad de los electores, ahora se quiere recurrir a otro fraude, ahora perpetrado en contra de la Constitución y el principio de representación popular, cuyo espíritu ordena asignar las porciones correspondientes a la votación obtenida por cada fuerza política en los 200 espacios destinados a dicho mecanismo.
No obstante, las proporciones señaladas, en lo que es un enésimo planteamiento fraudulento, ahora el oficialismo pretende arrebatar porciones de representación que no les corresponden para quedarse con 74.4% de los espacios de la Cámara de Diputados.
Con la pretensión de obtener una sobrerrepresentación que se ha hecho propaganda, por cierto, ilícita, de parte del gobierno, se daría un golpe contundente a la de por sí maltratada democracia mexicana. Si esto llega a concretarse, se harían partícipes de manera material y formal a dos de las autoridades electorales cuya función fue insuficiente para detener la avalancha de atropellos.
Alzamos la voz con toda claridad para señalar que reconocer sobrerrepresentación al oficialismo es vulnerar no solo la Constitución, sino la voluntad ciudadana. Pero además el darle más diputados de los que ganaron en las urnas los partidos del bloque gobernante, sería incurrir en una desproporción materialmente efectiva para poner al país entero en un riesgo de consecuencias políticas inusitadas y trascendentes, como la pretensión ya hecha pública de trastocar el consenso constitucional de años en materia de transición a la democracia para hacernos retroceder 60 años en materia de desarrollo político.
Estos argumentos deben ser valorados con toda serenidad por nuestras autoridades. Les invitamos a la reflexión sobre lo que ha ocurrido en estos años para comprender que el INE y el TEPJF no pueden ni deben ser quienes den la puntilla a la agonizante democracia mexicana.
Coordinador del GPPAN y Presidente de la Jucopo
