Hoy, más del 48% de los mexicanos señalan que la inseguridad es el principal problema del país y, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública del Inegi, el 75% de la población percibe una alta inseguridad en su entidad. Lamentablemente, no están equivocados.

De diciembre del 2018 a mayo del 2022, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública (SESNSP), han ocurrido 118,192 homicidios dolosos y 3 mil 463 feminicidios, que sumados alcanzan las 121,655 muertes violentas, superando a la cifra alcanzada por las anteriores administraciones durante los 6 años de su sexenio. Convirtiendo así, en tan solo 3 años y medio de gobierno a este sexenio en el más violento de la historia moderna de México.

El SESNSP ha reportado también el crecimiento en los principales delitos que impactan a la sociedad: homicidios dolosos, 69.8%; amenazas, 66.4%; violaciones, 46.1%; extorsiones, 34.5%; feminicidios, 33.4%; fraudes, 33.3%; y robo a negocios con 31.9% de incremento.

Resulta alarmante, doloroso e inexplicable, que entre más visible se hace la violencia histórica en contra de las mujeres, la tendencia aumenta. En los poco más de tres años del actual gobierno, esta violencia se ha acentuado registrándose 3 mil 386 feminicidios y 9 mil 511 homicidios dolosos en contra de mujeres, rebasando las mil muertes en un año. Asimismo, los delitos como el acoso sexual se han incrementado 242%; la violencia de género  92.9 %; las violaciones a menores de edad 88.2% y se han incrementado 68.3% los delitos relacionados con trata de personas, provocando cifras récord.
Como ya hemos comentado, este crecimiento en el número de homicidios es, sin duda, el reflejo de la corrupción, la polarización de la sociedad, la falta de profesionalización y abandono de los cuerpos policiacos, la falta de estabilidad económica, la falta de oportunidades laborales, pero, sobre todo, de la impunidad acentuada por una deficiente estrategia de seguridad pública en la que “abrazar” en lugar de combatir a la delincuencia, claramente no ha dado resultados.  

Como evidencia, de acuerdo con México Evalúa, el índice de impunidad en nuestro país es de 94.8%; es decir, de cada 100 delitos, únicamente 5 llegan a tener sanción. Por otro lado, de acuerdo con Transparencia Internacional, México se encuentra entre los países con un alto nivel de corrupción.

Asimismo, algunas acciones desafortunadas y caprichosas de este gobierno han abonado a estas cifras delictivas, por ejemplo: la eliminación de casi 4 mil millones de pesos que se destinaban al fortalecimiento de la seguridad en los 300 municipios más conflictivos del país, cifra destinada ahora al presupuesto de la militarización de la Guardia Nacional.  

Otras muchas medidas de esta administración contribuyen a acentuar el clima de violencia. Por ejemplo, la eliminación en el 2019 de los Refugios para Mujeres Violentadas puso en riesgo a más de 20 mil mujeres que los utilizaban para huir de la violencia en sus hogares.  

En Acción Nacional condenamos rotundamente la estrategia de seguridad de esta administración y exigimos al gobierno federal generar una política de seguridad que haga sentir seguros a las y los mexicanos, que termine con las masacres, con los homicidios y feminicidios. Nuestra seguridad no debe estar sujeta a los caprichos del gobernante de cuidar a los criminales por encima de los habitantes.  

Demandamos una Guardia Nacional con mando civil, tal como la votamos en la Cámara de Diputados; es urgente la profesionalización y la capacitación de los cuerpos policiacos y otorgar los recursos suficientes a los estados y municipios para combatir la ola de violencia en la que nos encontramos.  

Exigimos atender las deficiencias en la atención, investigación y resolución de los delitos que conoce la autoridad.

La seguridad de los habitantes es una de las funciones originales y prioritarias del Estado. Es momento que se asuma ya esa gran responsabilidad.    

Diputado, coordinador del GPPAN

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