En México, de acuerdo con cifras oficiales, desaparecen 30 personas al día; solo de noviembre de 2018 a marzo del 2025 se registran más de 71 mil 147 personas no localizadas o encontradas muertas; siendo el 2024 el año en que se registró la cifra récord con 13 mil 508 personas. La indignación que nos provoca estos datos se torna en horror cuando nos enteramos del descubrimiento –no por autoridades sino por parte de colectivos civiles de buscadores de personas– de lo que parecen ser campos de exterminio en diversos puntos del país.
En Acción Nacional condenamos, con toda la fuerza y la indignación que provoca la impunidad, el horror descubierto en Rio Verde, San Luis Potosí; en Tamaulipas y en el rancho Izaguirre de la comunidad La Estanzuela, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco. Lo que ahí se ha encontrado, y lo que aún no terminamos de dimensionar, es la confirmación brutal de que nuestro país se ha convertido en un inmenso campo de exterminio, donde el crimen organizado impone su ley y la autoridad ha renunciado a cumplir su deber más elemental: proteger la vida y la libertad de los ciudadanos.
Las imágenes que han circulado –cientos de zapatos, credenciales de elector, pertenencias personales abandonadas, restos humanos calcinados– son un retrato aterrador de un país que se desangra. Son testimonio de vidas truncadas, de jóvenes desaparecidos y de familias destruidas. Duelen e indignan, pero sobre todo, requieren respuestas y acciones inmediatas.
No es la primera vez que los mexicanos somos testigos de una atrocidad de esta magnitud.
Los testimonios de los pocos sobrevivientes son escalofriantes. Relatan cómo decenas de jóvenes eran secuestrados y llevados a ese rancho para ser sometidos, reclutados a la fuerza y, en muchos casos, asesinados brutalmente. Se habla de un auténtico campo de reclutamiento forzado y exterminio, operado por el crimen organizado, a la vista de todos y sin ninguna intervención del gobierno.
Lo más grave es que este sitio habría sido descubierto desde septiembre pasado. Sin embargo, la respuesta de las autoridades ha sido lenta, insuficiente y evasiva. Durante meses se minimizó y se ocultó la información.
Es un buen inicio, que la presidenta haya anunciado seis acciones para atender como prioridad el tema de las personas desaparecidas y no localizadas; tenemos que trabajar con todas las herramientas posibles y en coordinación para que este flagelo desaparezca de nuestro país y haya justicia para las víctimas y sus familias.
Desde el Partido Acción Nacional proponemos que la Fiscalía General de la República no solo atraiga el caso sino que garantice una investigación a fondo, imparcial y transparente. No puede quedar en manos de las mismas autoridades que durante meses fueron omisas y que, hoy, no ofrecen ninguna garantía de justicia.
Una investigación independiente que determine el nivel de responsabilidad de todas las autoridades involucradas, incluyendo las que, por negligencia o complicidad, permitieron que este horror sucediera.
Protección y acompañamiento para las familias de las víctimas, quienes además han tenido que soportar el abandono, la revictimización y la indiferencia del Estado.
La intervención urgente de organismos internacionales de derechos humanos para garantizar que esta investigación sea seria, exhaustiva y que este crimen de lesa humanidad no quede impune.
En Acción Nacional reconocemos el trabajo de los colectivos de búsqueda y de las familias que, a pesar de todos los obstáculos, han hecho la tarea que le corresponde al Estado Mexicano. Son ellas quienes han removido la tierra en busca de sus hijos. Son ellas las que han puesto el rostro humano a esta tragedia que muchos quisieran ignorar.
No podemos permitir que La Estanzuela se convierta en otro caso más de los que el gobierno entierra en el olvido. No podemos resignarnos a la normalización del horror. Si algo nos enseña este hallazgo es que en México, hoy, el crimen avanza mientras el gobierno retrocede.
En el PAN, no vamos a callar, ni a bajar los brazos. Vamos a acompañar las acciones necesarias para lograr que haya justicia y un México en el que el miedo no sea el lenguaje cotidiano de millones de personas.
México no puede resignarse a la barbarie. No podemos permitir que el futuro de nuestros jóvenes sea el reclutamiento forzado, la desaparición o el exterminio. México merece ser un país de vida y dignidad.
Presidente de Acción Nacional
