En diciembre de 2024 -con el sello de la casa- sin tiempo para el análisis, discusión y razonamiento del voto, el Senado aprobó apenas un día después de que fue presentada por el Ejecutivo, la reforma complementaria que redefine al Infonavit como un organismo dedicado a construir y gestionar viviendas sociales, encendiendo el debate público e incluso generando críticas hasta de los propios simpatizantes de Morena.
Esta nueva reforma transforma al Infonavit en algo mucho más que un fondo de vivienda: lo convierte en un desarrollador inmobiliario y, potencialmente, en una especie de "airbnb gubernamental" que construirá viviendas para rentarlas con el dinero ahorrado por los trabajadores. Aunque el discurso oficial lo presenta como un avance hacia la justicia social, las implicaciones reales de este cambio son alarmantes.
Por décadas, el Infonavit ha operado como un organismo tripartito, financiado con aportaciones de trabajadores, patrones y el gobierno. Su principal función ha sido otorgar créditos hipotecarios para que los derechohabientes puedan adquirir, construir o mejorar una vivienda. En este esquema, el trabajador tiene control sobre su subcuenta de vivienda, donde se acumulan recursos que puede utilizar según sus necesidades.
La reforma de Sheinbaum, sin embargo, busca centralizar el control de estos recursos en el gobierno. Se planea crear una nueva filial del Infonavit que construirá viviendas masivas para su arrendamiento social, financiándose con los ahorros acumulados de 77.5 millones de trabajadores. Estamos hablando de alrededor de 2.4 billones de pesos que, en lugar de estar disponibles para créditos directos, ahora serán administrados por esta nueva entidad. Aunque el gobierno afirma que la filial será "independiente", lo cierto es que estará bajo su control total, sin los mecanismos tradicionales de transparencia y rendición de cuentas.
La reforma propuesta para el Infonavit representa una serie de riesgos importantes para los trabajadores mexicanos. Uno de los principales peligros es la pérdida de control sobre sus ahorros. Estos fondos, que no son recursos fiscales ni impuestos, son el resultado del esfuerzo de millones de trabajadores a lo largo de sus vidas laborales. Bajo el nuevo esquema, esos ahorros podrían ser desviados a proyectos de dudosa rentabilidad o utilizados con fines políticos, dejando a los trabajadores sin la capacidad de decidir sobre su destino.
Además, la falta de transparencia es otro de los grandes problemas. La nueva filial del Infonavit, encargada de gestionar los proyectos de vivienda, operaría sin las mismas reglas de auditoría y supervisión que el resto de la institución, lo que abriría la puerta a irregularidades y potenciales actos de corrupción.
El impacto social de esta reforma también resulta cuestionable. Los proyectos masivos de vivienda propuestos suelen ignorar las necesidades específicas de los derechohabientes, generando soluciones uniformes que no siempre responden a las realidades locales. Al priorizar esquemas de arrendamiento social en lugar de acceso a la propiedad, se limita una de las metas históricas del Infonavit: permitir que los trabajadores puedan adquirir una vivienda propia.
Por si fuera poco, la incertidumbre jurídica incrementa los riesgos. Al eliminar los contrapesos internos en los comités de vigilancia, los trabajadores y los patrones pierden su capacidad de decisión en el manejo de estos fondos. Esto no solo eleva el riesgo de mal manejo de los recursos, sino que también expone a los ahorros de millones de mexicanos a posibles pérdidas irreparables.
El precedente que esta reforma podría sentar es sumamente preocupante, no solo para los trabajadores actuales, sino también para las futuras generaciones que confiarán en este sistema para construir su patrimonio y asegurar su estabilidad económica.
Desde el PAN hemos denunciado que esta reforma pone en riesgo el patrimonio de millones de familias mexicanas. No se trata de estar en contra de la construcción de vivienda social, sino de defender el derecho de los trabajadores a decidir cómo usar sus ahorros. Proyectos como estos deben ser financiados con recursos públicos, no con el dinero privado de quienes han trabajado durante años para construir un futuro mejor.
Asimismo, hacemos un llamado a los trabajadores, sindicatos y organizaciones sociales a alzar la voz contra esta reforma. La defensa de los ahorros no es una causa partidista; es una lucha que nos incumbe a todos.
El gobierno de Morena insiste en centralizar el control de instituciones clave bajo el pretexto de buscar el "bienestar social". Pero los resultados de este tipo de reformas suelen ser desastrosos. El Infonavit no debe convertirse en un nuevo experimento fallido como Dos Bocas o el Tren Maya.
Es momento de detener esta reforma y de exigir soluciones reales y responsables. Los trabajadores merecen respeto y transparencia en el manejo de sus recursos, no promesas vacías ni riesgos innecesarios. Desde el PAN seguiremos luchando para proteger tu ahorro, tu patrimonio y tu futuro.
Presidente del Partido Acción Nacional
