El fracaso en materia de salud de este gobierno no tiene fondo. Se ha colapsado la atención pública en salud, así como la disponibilidad de medicamentos y de insumos médicos.
Con la desaparición del ineficaz INSABI, el gobierno pretende responsabilizar al Instituto Mexicano del Seguro Social de toda la atención médica de personas no aseguradas. Si lo anterior no fuera de escándalo, ahora el gobierno da otro paso en contra del derecho humano a la salud. Con la cancelación de más de 30 Normas Oficiales Mexicanas (NOMs) en esta materia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2023, se ha generado un atentado adicional al sector salud del país, debido a los efectos negativos que esta determinación tendrá en el sistema de atención médica en México, especialmente para mujeres, niñas y niños.
Al respecto, es necesario recordar que las Normas Oficiales son fundamentales para establecer procesos estandarizados de atención médica de calidad, diagnósticos oportunos y tratamientos integrales para diversas enfermedades. De acuerdo con autoridades de salud, dichas Normas “están diseñadas para garantizar la seguridad del paciente y prevenir riesgos asociados con la atención médica”. Como también es sabido, dichos estándares deben ser revisados periódicamente, conforme avance la ciencia médica y las políticas de salud pública.
Las NOMs canceladas de manera unilateral, abarcan aspectos como el apoyo y protección a la lactancia materna, atención a la osteoporosis, prevención en la perimenopausia y postmenopausia de la mujer, así como la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer cervicouterino y cáncer de mama. Es inaceptable que temas en los que se juega la vida de millones de mexicanos, sea tratado con tanta arrogancia y falta de seriedad.
Uno de los sectores que se verá más afectado con esta irresponsable medida es el relativo a los tratamientos para prevenir y combatir el cáncer; tal como lo ha venido señalando el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN), secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, quien ha señalado que las autoridades “no toman en cuenta las necesidades de las pacientes que sufren cáncer de mama, la primera causa de muerte en mujeres de entre 20 y 50 años”.
La cancelación de las Normas Oficiales pondrá en riesgo la atención médica de millones de pacientes. El derecho a la protección de la salud, consagrado en el Artículo 4° Constitucional y las NOMs son instrumentos que garantizan la promoción y prevención de enfermedades, así como la mejora de la salud de la población.
La cancelación de estas normas dejará a los pacientes en una situación de incertidumbre y vulnerabilidad. En muchos casos, los jueces recurren a las NOMs como referencia objetiva para determinar el nivel mínimo de atención y tratamiento que los pacientes deben recibir. Además, las NOMs imponen obligaciones específicas a las instituciones de salud públicas, cuyo incumplimiento puede ser exigido mediante acciones legales, como el juicio de amparo. En el fondo, además de sacudirse responsabilidades, el gobierno busca encubrir a sus funcionarios de sus prácticas negligentes, que en estos años han sido evidentes.
Si bien es cierto que algunas de estas NOMs requerían ser revisadas, la solución adecuada no era cancelarlas, sino proceder a su actualización. La importancia de las NOMs radica en su obligatoriedad tanto para el sector público como para el privado. Contar con NOMs actualizadas contribuiría a reducir la tasa de mortalidad por cáncer de mama y otros padecimientos, brindando a las mujeres acceso a los mejores tratamientos disponibles en México y mejorando su esperanza de vida.
Es preocupante que el gobierno esté cancelando estas normas sin tener en cuenta los mandatos de la Ley General de Salud y la Ley de Infraestructura de la Calidad. Estas leyes establecen que corresponde al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Salud, expedir las NOMs necesarias para la prestación de servicios de salud en el territorio nacional. La cancelación de las NOMs sin justificación y sin seguir los procedimientos establecidos en la ley, va en contra de los principios de seguridad jurídica y de certeza en la garantía del derecho humano a la salud.
Como se ha demostrado, la cancelación de las Normas Oficiales atenta contra el derecho a la protección de la salud y genera incertidumbre en los pacientes. Además, estas normas promueven la calidad, la sanidad y la armonización necesaria de los productos y servicios relacionados con la salud en beneficio de los pacientes. Ahora, la incertidumbre imperará en el sector salud.
Por lo anterior, consideramos indispensable que se reconsidere la cancelación de estas NOMs. Reiteramos que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la Cámara de Diputados hará lo que este en sus manos para garantizar el cumplimiento del derecho fundamental a la salud.
Diputado, Coordinador del GPPAN