La reforma que propone la desaparición de organismos constitucionales autónomos para integrarlos en la Administración Pública Federal (APF), propuesta por el Ejecutivo y votada en días pasados por el oficialismo en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados en su anterior legislatura, representa un grave retroceso para la democracia, transparencia y rendición de cuentas , asi como el equilibrio de poderes en México. Estos organismos, como la Cofece, el IFT, el Inai, el Coneval, entre otros, han sido fundamentales para garantizar la transparencia, la competencia justa, y derechos de la ciudadanía en sectores clave de la economía y la sociedad.
Es sumamente preocupante que estas reformas debiliten la independencia y la objetividad en la toma de decisiones en áreas tan vitales como la competencia económica, las telecomunicaciones, la protección de datos personales, y la evaluación de políticas sociales. Al integrarse estos organismos a la estructura del gobierno, se corre el riesgo de que sus funciones continúen supeditadas a intereses políticos y partidistas, lo cual contraviene los principios de especialización y neutralidad que deben regir en estas áreas.
El caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) es particularmente alarmante. Al transferir sus funciones a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, se pierde la autonomía necesaria para regular un sector tan dinámico y crítico como el de las telecomunicaciones. Esto no solo pone en riesgo la objetividad en la regulación, sino que también envía una señal de incertidumbre a nuestros socios comerciales en el T-MEC, quienes cuentan con organismos robustos y autónomos en este campo.
Asi mismo, la desaparición del Inai es un atentado directo contra el derecho de acceso a la información pública, la protección de datos personales y el principio de transparencia y rendición de cuentas a la que toda persona funcionaria pública debe sujetarse. Se tratan de derechos que han sido fruto de luchas históricas y que son esenciales en un sistema democrático. El Inai no solo ha servido para empoderar a la ciudadanía, sino que también ha sido un pilar en la lucha contra la corrupción. La reforma propuesta desmantela estos avances, sometiendo la vigilancia de estos derechos a la discrecionalidad de diversas dependencias del gobierno, lo que es un claro retroceso.
El Coneval, por su parte, ha jugado un papel crucial en la medición de la pobreza y la evaluación de las políticas sociales en México. Su independencia ha permitido un análisis objetivo y riguroso de la situación social del país, lo que es indispensable para diseñar políticas públicas efectivas. Integrar sus funciones al Inegi, sin embargo, no garantiza la misma calidad y rigor en las evaluaciones, especialmente en un contexto donde los recortes presupuestarios y el debilitamiento institucional son la norma.
La eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la transferencia de sus funciones a la Secretaría de Energía representan una concentración de poder en un sector estratégico como el energético, lo cual podría llevar a una gestión ineficaz y a la falta de transparencia en la administración de los recursos energéticos del país.
Esta reforma no solo socava la autonomía de los organismos que han sido clave en la protección de derechos y en la regulación de sectores estratégicos, sino que también pone en peligro el equilibrio de poderes que es fundamental para una democracia sólida. La concentración de estas funciones en manos del gobierno centralista es un retroceso que tendrá consecuencias graves para la transparencia, la competencia, y los derechos de los ciudadanos en México. Es crucial defender la existencia y la autonomía de estos organismos para asegurar un futuro donde los derechos y la democracia estén verdaderamente protegidos.
Desde Acción Nacional, estamos decididos a defender los organismos autónomos porque reconocemos su importancia para garantizar la independencia, la transparencia y el balance institucional en México. Nos asumimos como una oposición firme y resistente, comprometida en la defensa de estas entidades que son vitales para el resguardo de los derechos de los ciudadanos y el buen funcionamiento de nuestra democracia. No permitiremos que se deshaga el progreso alcanzado a lo largo de los años en favor de una concentración de poder que solo debilitaría a nuestro país.
Analista político