En días pasados, los representantes de los partidos que integramos la Coalición Va Por México, presentamos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de Inconstitucionalidad, para suspender de forma inmediata el decreto que interpreta la publicidad gubernamental en la Consulta sobre la Revocación de Mandato; coloquialmente conocido como “Decretazo”, recientemente aprobado en el Congreso de la Unión, con el aval de la mayoría de la bancada oficialista y sus aliados incondicionales.
La Acción de Inconstitucionalidad se presenta ante las arbitrariedades de los funcionarios del oficialismo, que quieren justificar sus irregulares y violatorias acciones de proselitismo, realizadas en su desesperación porque su irrelevante y onerosa elección, no despierta el interés de la población, no les importa respetar ni las formas ni el fondo de la Ley.
Todo inició el pasado 10 de marzo en la Cámara de Diputados cuando, mediante una desvergonzada maniobra parlamentaria, se presentó la iniciativa por parte del grupo parlamentario de Morena y entró a discusión de manera inmediata por ser calificada como de urgente resolución. En una táctica que se conoce como un “albazo legislativo”, se dispensaron todos los trámites, sometiéndose a discusión y votación de inmediato, bajo el considerando de aclarar el alcance del concepto de Propaganda Gubernamental, contenido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y en la de Revocación de Mandato. En estos ordenamientos se planteaba que solamente el INE podría organizar, desarrollar, difundir y promover el proceso, mientras que ningún partido político, ni el Ejecutivo, ni los servidores públicos ni los legisladores, podrían hacer proselitismo a favor ni en contra durante el proceso, así como que se declararía una veda electoral.
Desde el más alto nivel de gobierno tanto el titular del Ejecutivo como los funcionarios públicos, han incurrido en faltas durante todo este proceso, al promocionar la elección, lo cual no está permitido por el ordenamiento que ellos mismos en su momento presentaron y aprobaron. En su afán servil ante el Ejecutivo, con prisas y total desconocimiento del marco normativo vigente, les lleva a cometer errores garrafales, que terminarán siendo corregidos por otras instancias.
Y como prueba, el “decretazo” basó su cambio e interpretación en la ley de 2014 y olvidaron que el artículo de referencia se modificó en 2020, siendo esto una aberración legislativa, afectando otros incisos de la ley vigente.
Por otro lado, conviene recordarles a mis compañeros legisladores, que el artículo 105 constitucional establece en su fracción II, penúltimo párrafo, que las leyes electorales deben promulgarse y publicarse al menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que serán aplicadas.
Nos encontramos a menos de 90 días de que se lleve a cabo el proceso de revocación y el decreto intenta disfrazar una reforma de fondo para defender la total inconstitucionalidad que cometieron.
Vivimos en un país en el que al gobierno no le interesa cumplir con la ley y, si esta le estorba, la adecúa a sus intereses y caprichos. Quienes más deberían estar interesados en salvaguardar el Estado de derecho, son quienes más lo violan.
Estamos convencidos de que los magistrados habrán de observar que este acto legislativo, cometido sobre la norma señalada, es anticonstitucional, ya que los preceptos constitucionales que se violan son el Artículo 14, párrafos primero y segundo, 16, párrafo primero, 35, 39, 40, 41, párrafo tercero, 105, fracción II, penúltimo párrafo y 116, fracción IV, inciso b), todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Seguiremos las y los diputados de Acción Nacional, defendiendo la democracia y nuestras instituciones. La razón legal y moral nos asiste.
Coordinador de GPPAN
