JORGE ROMERO HERRERA
Los miembros de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (JUCOPO) hemos celebrado reuniones con diversos servidores públicos a efecto de atender responsabilidades compartidas en materias que implican tareas inherentes a nuestros correspondientes ámbitos de facultades.
Esta semana convocamos a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez. Como miembros de la JUCUPO y teniendo la responsabilidad de darle cauce a los trabajos de la Cámara de Diputados, he expresado que lo que nos mueve a escucharla es ofrecer nuestro apoyo para que juntos podamos enfrentar el enorme flagelo de violencia e inseguridad y nuestro mayor interés para que los retos y desafíos que hoy enfrenta nuestro país puedan ser abordados con toda seriedad que ameritan.
Desde luego que partimos de un diagnóstico compartido que habla de una realidad cruenta. México atraviesa uno de sus peores momentos en materia de violencia e inseguridad. Las fallas e insuficiencias de las acciones del gobierno están a la vista de todos. La insistencia en una política pública que tiene como determinación fundamental el renunciar al ejercicio legítimo de los instrumentos del estado para prevenir y combatir al crimen implica, desde nuestro punto de vista, una de las principales falencias de esta administración. Los efectos que se han dejado sentir respaldan nuestra aseveración: la consolidación del crimen organizado como fuerza actuante en el territorio nacional, su despliegue tanto en delitos como narcotráfico y extorsión, han dejado una cauda colateral de más de 170 mil homicidios dolosos.
En el mismo sentido, la pésima conducción en la materia se acredita con los indicadores internacionales que señalan que México es el tercer país del mundo en resentir la presencia del crimen organizado.
En estos años, lejos de tener una estrategia coherente, sistémica y eficiente, hemos visto que el gobierno responde con retórica y una política pública insuficiente e inidónea: la creación de una Guardia Nacional abiertamente soldadesca y una andanada de frases vacuas, pretextos y distractores. Ante una materia que de suyo es compleja, puesto que supone la necesidad de la adopción de una estrategia que incluya tramos en materia de prevención social, prevención policial, inteligencia, investigación de delitos, atención a víctimas, debido proceso, producción e incorporación probatoria, medidas cautelares, soluciones alternas, reinserción, recuperación de activos, asistencia y cooperación internacional, soportado lo anterior con trabajo en los tres niveles de gobierno, coordinación entre poderes, corporaciones, acuerdos, seguimientos, evaluación, centralidad policiaca, atención focalizada a grupos vulnerables como mujeres, niñez, periodistas, defensores de derechos humanos e incluso personal policiaco, nuestro gobierno solo habla de “Abrazos, no balazos” y de que todo es culpa del pasado, sin asumir una sola de sus responsabilidades por lo no hecho en el presente.
En tanto, la delincuencia organizada crece y se empodera en todos los frentes. Se alza como la quinta fuerza empleadora del país, adquiere cada vez más poder de fuego que alimenta de manera incremental su potencial violento, captura enclaves políticos, interviene en política, ante la impavidez de las autoridades hace crecer cotidianamente su descomunal dimensión económica y financiera, adquiere raigambre y apoyos sociales. Incluso, como lo hemos visto en últimas semanas, busca ascendientes morales y a fuerza de intimidación y ausencia del estado, los consigue.
El panorama para cientos de miles de familias es de desesperanza. Muchas de ellas han perdido todo a manos del crimen, muchas más viven cotidianas historias de terror.
En la vertiente internacional, el Presidente no ha terminado de aprender que dada la naturaleza trasnacional del crimen organizado, este puede y debe atacarse conjuntando acciones con otros países, como incluso lo ordenan varios tratados internacionales suscritos por México.
Caro ha salido al país el concepto trasnochado que desde Palacio Nacional se tiene de soberanía. De haber actuado de otra manera decenas de miles de defunciones se hubieran evitado y no estaríamos atravesando la mayor crisis humanitaria de la historia reciente en nuestro país.
No obstante, todo lo anterior, y considerando todo lo que está en juego en esta materia, las y los legisladores panistas no quitamos el dedo del renglón. Hemos presentado diversas iniciativas con la visión y encuadre sistémico que se requieren para coadyuvar en la solución de los problemas de seguridad y justicia. Creemos que, si bien, el sexenio ya está a unos meses de terminar, siempre puede llegar a ser oportuno refrendar nuestra disposición al diálogo y a la generación de soluciones. Sabemos que este gobierno ha rehuido de manera reiterada al diálogo con la oposición. Cuando ha tenido necesidad de hacerlo, termina por traicionar la palabra empeñada, como ocurrió al comprometerse a hacer de la Guardia Nacional una corporación de seguridad de naturaleza y perfil civil. Sin hacer a un lado ese reproche, reiteramos que nuestra disposición al diálogo es permanente y solamente la condiciona la orientación hacia el bien común de los temas a los que se nos convoque. En este tema, en el que literalmente va la vida y el patrimonio de todos, el PAN reivindica sus propuestas, sus experiencias exitosas, así como la valía de su presencia en la vida pública del país. Hacemos votos por no ser los únicos en ese afán.
Coordinador del GPPAN y Presidente JUCOPO
