La reciente discusión y aprobación de la reforma constitucional en materia de Poder Judicial tiene implicaciones profundas en diversos ámbitos, desde lo jurídico hasta lo económico, con graves afectaciones a instituciones y principios democráticos, así como en la independencia y autonomía del Poder Judicial. Resulta muy preocupante que el apresurado proceso legislativo impulsado por Morena tanto en las cámaras de Diputados y Senadores como en los Congresos Locales, no solo careció de un análisis adecuado, sino que también se violentó el derecho humano a la seguridad jurídica y a la garantía de legalidad. Las leyes deben provenir de un proceso legislativo válido, como ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que no se cumplió en este caso.
El principio de democracia deliberativa, considerado como rector del proceso legislativo, fue ignorado, y no se permitió la participación de fuerzas minoritarias representadas en el Congreso de la Unión y los Congresos Locales. Esto resulta escandaloso, ya que se limitó la posibilidad de que las minorías pudieran incidir de manera significativa en el debate. También se vulneró el derecho de los legisladores de ejercer su función pública en condiciones de igualdad, lo que debilita aún más el proceso democrático.
Esa misma limitación ha sido sufrida por personas integrantes del Poder Judicial Federal, a quienes se les negó su derecho de participar en defensa de sus derechos.
A nivel material, la reforma judicial vulnera el derecho humano de acceso a la justicia. El Ejecutivo federal y legisladores de Morena ignoraron la urgente necesidad de reforzar las capacidades de las autoridades policiales, ministeriales y judiciales locales, lo que tendrá como consecuencia la permanente incapacidad de que en muchos estados se imparta debidamente justicia pronta y expedita. Además, el país enfrenta una alarmante escasez de jueces, y la reforma no aborda de manera efectiva el rezago judicial.
La reforma también implica una clara violación al principio de división de poderes. Al concentrar todo el poder en el Ejecutivo federal y permitir su injerencia en el Poder Judicial, se debilita la autonomía de este último. Lo anterior, atendiendo que el Poder Legislativo ya se encuentra cooptado por el Presidente con el beneplácito de las y los legisladores de Morena y sus partidos políticos aliados.
Esto pone en riesgo la imparcialidad de las resoluciones judiciales, lo que generará impunidad, ya que los órganos jurisdiccionales estarán sometidos a presiones políticas. La politización de la justicia y la eliminación de los efectos generales de las sentencias judiciales son igualmente preocupantes, ya que afectarán a los más vulnerables y debilitarán nuestro sistema judicial.
En términos políticos, el panorama es sombrío. La reforma promovida por el Ejecutivo Federal no solo no garantiza justicia social, sino que rompe los equilibrios de poder al dar un control excesivo al partido gobernante sobre el Poder Judicial. Esto podría generar un ambiente de polarización aún mayor entre las distintas fuerzas políticas, afectando gravemente el diálogo democrático y los consensos. México pierde con esta reforma, no solo en términos de confianza jurídica y competitiva a nivel internacional, sino también en el respeto a los principios democráticos que tanto nos ha costado construir.
Desde una perspectiva económica, las señales que ha enviado esta reforma son igual de alarmantes. La incertidumbre sobre la seguridad jurídica ya ha tenido consecuencias en cuanto a la inversión extranjera directa, lo que a su vez impactará en el crecimiento económico del país. Sin un Poder Judicial independiente que garantice la protección de los derechos de los inversionistas, México se convierte en un mercado menos atractivo, lo que podría llevar a la salida de capitales, una menor creación de empleos y una mayor deuda pública. Esto afectará directamente a la economía de las familias mexicanas y al desarrollo de programas sociales.
Para evitar que esta reforma tenga validez, Acción Nacional ha decidido acudir ante instancias jurisdiccionales donde promoveremos Juicios de Amparo; Acciones de Inconstitucionalidad (el Senado si contaría con los números); Controversias Constitucionales, en las cuales señalaremos las numerosas violaciones cometidas durante el proceso legislativo, tales como la falta de deliberación adecuada, la exclusión de las minorías parlamentarias y la ausencia de consultas con sectores relevantes de la sociedad, incluyendo pueblos indígenas y especialistas.
También hemos de recurrir a instancias internacionales, donde expondremos cómo esta reforma amenaza los pilares fundamentales de nuestro Estado de derecho y erosiona la independencia judicial, lo que coloca a México en una posición vulnerable frente a los intereses del poder político y económico. Denunciaremos ante organismos internacionales la violación de tratados y acuerdos en los que México se ha comprometido a garantizar un Poder Judicial imparcial, autónomo y transparente, esencial para asegurar justicia y respeto a los derechos humanos.
Nos toca asumir el papel de una oposición firme ante este régimen autoritario. Nos toca resistir ante los embates de la mayoría; Nos toca trazar la ruta para recuperar lo que hemos perdido en estos años y reconstruir lo que Morena ha destruido. Como panistas, tenemos el compromiso y misión de vida de defender la libertad, el humanismo y, sobre todo, la Democracia que tanto nos costó ganar… al costo personal que sea necesario.
Miembro del PAN, analista político