El pasado 2 de diciembre de 2024, el Constituyente Permanente reformó el artículo 123 de la Constitución para establecer como obligación que toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase, estará obligada a proporcionar a sus personas trabajadoras viviendas con orientación social. Este cambio busca garantizar el acceso a viviendas adecuadas para las personas trabajadoras; un paso que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como histórico.
La reforma introduce un modelo integral que incluye créditos accesibles para adquisición o mejora de vivienda y, de forma innovadora, el arrendamiento social. Este esquema permite que personas trabajadoras, excluidas tradicionalmente por su situación laboral o ingresos, accedan a una solución habitacional digna. En el modelo de arrendamiento, las rentas no excederán el 30% del salario, con opciones de compra futura. Esta medida responde a un problema estructural, ya que las políticas previas priorizaban la propiedad, dejando a muchos en vulnerabilidad.
Sin embargo, la implementación presenta retos significativos. La transparencia en el manejo de recursos y una gestión eficiente serán cruciales para evitar el deterioro de los inmuebles y garantizar que el apoyo llegue a quienes realmente lo necesitan. Además, el Fondo Nacional de la Vivienda, financiado por aportaciones empresariales, y administrado por el Infonavit, deberá contar con mecanismos de supervisión robustos para prevenir problemas históricos de opacidad y desfalco.
La sostenibilidad del sistema será otro punto crítico. En un contexto de posibles crisis económicas, se deberá garantizar la continuidad de los programas sin comprometer su viabilidad financiera. Asimismo, resultará imperativo establecer controles que eviten que estos esquemas sean utilizados con fines clientelares, asegurando que su objetivo sea exclusivamente el bienestar social.
Si se logra una implementación efectiva, esta reforma podría ser el inicio de un modelo habitacional más equitativo, que combine justicia social, sostenibilidad y desarrollo económico, marcando un hito en la política pública de vivienda y para ello es necesario que el Congreso de la Unión realice adecuaciones a la legislación del Infonavit. Ello sería transformar una promesa constitucional en una realidad tangible para millones de trabajadores.
Con la llegada del 2025, este cambio legislativo representa una oportunidad de comenzar el año con esperanza para millones de trabajadores y sus familias. Es un momento propicio para reflexionar sobre el papel de las políticas públicas en la construcción de un país más justo y equitativo. Al iniciar un nuevo ciclo, cabe preguntarnos cómo cada uno de nosotros puede contribuir al cumplimiento de estos derechos y al fortalecimiento de la solidaridad social. El año nuevo es, también, una ocasión para que el gobierno y los sectores involucrados renueven su compromiso con la transparencia, la inclusión y la eficiencia. Transformar la vivienda digna en una realidad concreta no sólo será un logro histórico, sino también una declaración de principios para las generaciones venideras. Comencemos este 2025 con la convicción de que, haciendo cada uno lo que nos toca, podemos hacer realidad este importante derecho constitucional.
Abogado penalista. jnaderk@naderabogados.com