Cuatro años después de iniciada la administración del presidente López Obrador, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana por fin formuló el Programa Nacional de Seguridad Pública, que sólo tendrá vigencia lo que resta de 2022 y hasta el último día de agosto de 2024, o sea, poco más de un año y medio. Aunque es encomiable el ejercicio de planeación en un país en el que las acciones de seguridad pública suelen partir de ocurrencias o de la mera reacción frente a la comisión de delitos, llama la atención que haya sido necesario esperar cuatro años para conocer cuáles serán las acciones y objetivos del Estado frente al problema de la inseguridad pública, especialmente cuando se reconoce que el Programa se emitió para dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y que desde 2019 el Senado de la República aprobó la estrategia Nacional de Seguridad Pública. El desfase es evidente, lo cual no es un asunto menor si consideramos que el añejo problema de la inseguridad se ha convertido en la prioridad social más significativa, de cuyo remedio depende el desarrollo de las potencialidades del individuo y de la colectividad en justicia, democracia y paz. No por nada el artículo 21 Constitucional dispone que la seguridad pública tiene como fin salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.
El Programa Nacional pretende lograr cuatro objetivos prioritarios: promover la construcción de la paz, fortalecer la operación de las instituciones de seguridad pública, disminuir los delitos de delincuencia organizada, y mejorar las condiciones de internamiento de las personas privadas de la libertad. De ellos, el propósito central debería de ser, sin duda, el fortalecimiento de las policías, de modo que la militarización de la seguridad pública vaya reduciéndose paulatinamente hasta que las fuerzas armadas retomen las funciones que les son propias, como lo prevé nuestra Constitución incluso en su más reciente reforma en la materia. Para lograrlo, el Programa buscará consolidar la operación de la Guardia Nacional, promover un Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica y fortalecer los mecanismos de coordinación entre las instituciones de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno. ¡Muy bien! Sin embargo, preocupa que ello derive de principios tan legítimos como ambiguos como “honradez y honestidad” y que “al margen de la ley nada; por encima de la ley, nadie.” ¿Hay algo, un ejemplo, algún dato en el diagnóstico que permita suponer que se avanzará en honradez y honestidad en lo que resta del sexenio? ¿De veras hemos construido una comunidad, una cultura, en la que sea creíble que nada ni nadie están al margen o por encima de la ley? Los datos disponibles del propio gobierno revelan un crecimiento sostenido en los índices de corrupción e impunidad.
En fin, en este espacio se ha escrito sobre la lamentable falta de planeación en seguridad pública, por lo cual, hoy que, aunque tardíamente, tenemos un Programa Nacional, no tengo empacho en saludar el ejercicio y desear que la próxima administración no ocupe tanto tiempo en plantar cara a un problema de tanta importancia.
Abogado penalista. @JorgeNaderK
Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.
