Durante los acalorados debates sobre la reforma judicial, todos los actores involucrados coincidieron en dos visiones: la necesidad de reformar al Poder Judicial para acercarlo a la ciudadanía y que el acceso a la justicia sea una realidad, sobre todo a favor de los menos favorecidos, y que para lograr ese objetivo no basta modificar el entramado constitucional alrededor de los tribunales y elegir popularmente a sus integrantes, sino que también hay que extender esa mirada a las policías, fiscalías, defensorías y demás operadores del sistema de justicia. Incluso, la Suprema Corte coincidió con lo anterior al presentar su propuesta sobre una refirma integral al sistema de justicia. En materia de policía, por ejemplo, propuso un mecanismo nacional de evaluación y certificación de las instituciones policiales, reorientar las políticas de seguridad pública para ajustarlas a las exigencias actuales, mejorar las condiciones laborales de las policías, e implementar medidas efectivas para el control de armas de fuego.
Transformar a las policías es una tarea urgente para abordar la crisis de seguridad en México y garantizar la justicia que anhelamos todos. De allí que esas y otras propuestas deben ser procesadas cuanto antes, ya que responden a necesidades básicas que afectan a la sociedad y a los propios cuerpos de seguridad. La reorientación de la política de seguridad pública, junto con la certificación y las evaluaciones periódicas de los policías, no sólo elevarían la calidad del trabajo policial, sino que también asegurarían que las acciones de los cuerpos de seguridad estén alineadas con los principios de legalidad, profesionalismo y respeto a los derechos humanos.
La mejora de las condiciones laborales de las policías es un asunto de justicia social que debe ser tratado con la misma urgencia. Los policías están en la primera línea de defensa contra la delincuencia pero sus condiciones de trabajo no son proporcionales al riesgo que asumen. Salarios bajos, jornadas extenuantes, falta de equipo adecuado y despidos injustificados sin garantías de protección, afectan la calidad del servicio que prestan y generan desmoralización y corrupción. La dignificación de la carrera policial también contribuiría a restaurar la confianza de la ciudadanía en estas instituciones.
Por último, el control efectivo sobre el tráfico de armas debe ser una prioridad nacional. La violencia armada es uno de los principales flagelos de México, y el tráfico de armas ilegales desempeña un papel central en el incremento de homicidios y crímenes violentos perpetrados por la delincuencia organizada. Sin un control adecuado de las armas, cualquier esfuerzo por mejorar la seguridad pública estará condenado al fracaso, como se encuentra ampliamente documentado.
Estos cambios no son opcionales; son un imperativo para restaurar la legitimidad y eficacia de las policías ante la sociedad. Nuestros legisladores deben abordar estas reformas con seriedad y prontitud, discutirlas y aprobarlas, como una apuesta real por la construcción de un México más seguro y justo. No hacerlo sería perpetuar un sistema fallido que seguirá cobrándose vidas y debilitando la confianza de los ciudadanos en la justicia y en el Estado mismo.
Abogado penalista jnaderk@naderabogados.com
