La muerte reciente de un empresario en un "antro", ha avivado una antigua discusión que, al margen del caso en cuestión, cobra una relevancia ineludible: ¿hasta qué punto los lugares que dispensan bebidas alcohólicas tienen la obligación de salvaguardar a aquellos que exceden los límites del consumo? Más allá de una cuestión moral, esta interrogante penetra en el terreno jurídico y genera un desafío esencial para equilibrar el libre desarrollo de la personalidad con la seguridad individual y colectiva.
La premisa es clara: los establecimientos que ofrecen alcohol tienen cierta responsabilidad de prevenir situaciones peligrosas o perjudiciales, como la intoxicación excesiva o la conducta irresponsable. Incluso, el incumplimiento de este deber puede acarrear consecuencias legales, tanto por acción como por omisión. La complejidad del asunto radica en establecer los límites de esta responsabilidad pues, aunque las regulaciones y las leyes varían, es fundamental que la discusión trascienda de lo ético y se traduzca en marcos legales que delineen claramente la extensión de la obligación de los establecimientos.
Tomemos, por ejemplo, la prohibición legal de vender o servir alcohol a menores de edad: el requisito de identificación oficial para verificar la mayoría de edad es una exigencia incuestionable. Pero, ¿qué ocurre con la venta excesiva de alcohol de consumo a adultos? La normatividad vigente no dispone mayor cosa, por lo cual es necesario una regulación precisa. Así, independientemente de la satisfacción del cliente y de las ganancias, los establecimientos deben prevenir el consumo excesivo de alcohol. La capacitación de los empleados en el reconocimiento de señales de intoxicación y la negativa a servir a quienes muestren evidentes signos de exceso se torna fundamental, especialmente si los clientes llegan en estado de ebriedad al local. Los lugares que dispensan alcohol también deben promover bebidas sin contenido alcohólico, considerar horarios de operación restringidos y, cuando sea necesario, promover opciones de transporte seguro para aquellos que no estén en condiciones de manejar.
Naturalmente, estas medidas encuentran resistencia entre quienes defienden la autonomía individual y cuestionan la intervención estatal en decisiones personales. Sin embargo, la realidad es contundente: el consumo excesivo de alcohol está vinculado a la mortalidad. Accidentes de tránsito, actos violentos, suicidios y enfermedades crónicas son sólo algunas de las consecuencias devastadoras de esta problemática. Salta a la vista, pues, la necesidad de resolver ya un problema real.
El caso reciente es una gota en el océano de tragedias similares y debe ser el catalizador para la creación de normativas que regulen la venta responsable de alcohol para consumo. En última instancia, se trata de hallar un equilibrio donde se respeten las elecciones individuales sin descuidar la seguridad del consumidor ni los intereses colectivos. Más allá de una idea aspiracional moralista o injustificadamente paternalista, se trata de una necesidad apremiante en una sociedad comprometida en salvaguardar las vidas que se pierden, día tras día, por el consumo excesivo de alcohol.
